Todavía con el buen sabor de boca al enterarme de que ya sabemos que es Claudia, identificada por su entereza y su sonrisa, quien toma la estafeta (para el caso un bastón simbólico de mando) para dar continuidad al proyecto de la 4T, doy mi opinión sobre un tema puesto en el centro del debate público. Se trata de una reforma a fondo del Poder Judicial. El Presidente, ante sentencias sospechosamente inoportunas y otras que a primera vista se revelan como absurdas e injustas, se propone, antes de terminar su mandato, impulsar un cambio constitucional en cuanto a los procedimientos para designar a los ministros que integran la Suprema Corte, a jueces de distrito y a magistrados de circuito; agrega también a los magistrados de todas las salas del tribunal electoral.
La respuesta popular, a través de plantones, caricaturas alusivas y otras manifestaciones, incluidos mensajes en redes sociales, ha mostrado claro apoyo al Presidente; por el contrario, algunos especialistas malquerientes y algunos opinadores críticos del sistema actual, se han opuesto en tonos distintos y claramente contrarios a la futura iniciativa. Por razones no buscadas por mí, pero aceptadas, formo parte de este poder, no soy juez ni ministro; soy uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura y desde ahí contribuyo en lo que puedo, a la transformación que parecía imposible que debe cuidarse y continuar.
En esa convicción de la 4T mi participación desde su inicio y mi libertad me mueven a expresar una opinión al respecto. Empiezo por aclarar que el Consejo de la Judicatura es un órgano constitucional de carácter administrativo, sin funciones jurisdiccionales. Esto significa que lo que nos compete respecto del Poder Judicial son funciones de administración, de vigilancia y de disciplina; podemos investigar faltas administrativas y eso, exclusivamente respecto de magistrados y jueces, mas no de ministros de la Corte ni de integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
No somos ni policías ni fiscales para perseguir delitos. De serlo, estaríamos investigando, siguiendo pistas, buscando pruebas para presentarlas ante los tribunales. En nuestra misión administrativa no nos ha temblado la mano para sancionar a magistrados, jueces y a otros servidores públicos de este poder; las sanciones van desde amonestaciones, suspensiones temporales, hasta separaciones del cargo. Tampoco nos detuvimos cuando se presentó un proyecto para la compra de camionetas blindadas y, en otros casos, hemos frenado o corregido inversiones y gastos que consideramos desproporcionados o inapropiados.
Mi opinión coincide con la del Presidente, en cuanto a que es necesaria una reforma, pero creo que no será fácil y ya tocará luchar por ella e implementarla a quien sea titular del Ejecutivo en el próximo sexenio, que será como espero y contribuiré a ello, una mujer y de Morena. Por lo pronto, propongo poner atención en tres puntos.
1. Elegir a 11 ministros de la Suprema Corte es muy factible y pienso que podría ser un paso hacia adelante; elegir a más de 800 (y los que se acumulen) jueces y magistrados no será tan fácil; al respecto debe pensarse con mucho cuidado y tomar en cuenta que, si bien los integrantes de otros poderes no requieren algún tipo de capacitación profesional, la exigencia para el Poder Judicial es que sus integrantes cuenten con un título profesional y una carrera judicial. Además, son 32 entidades federativas.
2. Pienso que los partidos no serían los indicados para proponer candidatos a ministros; que los integrantes de más alto nivel de este poder estén comprometidos con algún partido, provocaría riesgos de ineficacia, más corrupción de la que se quiere combatir y pondría en tela de juicio la imparcialidad.
3. Otro problema de fondo se encuentra en la frontera e innumerables líneas de contacto que hay entre los juzgadores y los grandes despachos de litigantes; es una realidad que no pueden quedar fuera de las consideraciones y reflexiones a tomarse en cuenta. Parte del problema radica en el fenómeno del llamado “litigio estratégico”, que no tiene por objeto defender un derecho; en este tipo de litigio, se trata de buscar una finalidad que poco tiene que ver con los derechos humanos y sus garantías, el objetivo de las demandas, de los amparos, de las suspensiones, no es el que la Constitución y la ley buscan; este litigio estratégico busca dañar al Ejecutivo, poner obstáculos a sus proyectos y cuando menos desprestigiarlo.
Finalmente, debemos tomar en cuenta otro dato; Benito Juárez fue electo como presidente de la Corte conforme a la Constitución de 1857, pero no con el voto popular directo, se trató de una elección indirecta, el pueblo votó por electores y éstos por los ministros.
De lo que se trata, pienso, es de reflexionar con serenidad y buscar soluciones viables y realistas, que ya tendrá que afrontar quien encabece el próximo gobierno.
