Dos valiosos documentos que analizan el poder corporativo recién fueron presentados. El informe anual 29 sobre el exceso de los ejecutivos, elaborado por Sarah Anderson, directora del Programa sobre la Economía Global del Institute for Policy Studies (IPS), expone cómo, ante demandas sindicales, líderes empresariales se justifican siempre con que carecen de recursos para aumentar los salarios de los trabajadores. Sin embargo, explica, “los altos ejecutivos no parecen tener problemas para enriquecerse y a sus accionistas. En 2021 y 2022, las empresas (que cotizan) en el S&P 500 gastaron sumas récord en la recompra de acciones, maniobra que infla artificialmente el valor de las acciones de una empresa, y las remuneraciones de los directores ejecutivos basadas en acciones” (traducción propia).
Anderson estudia cómo las empresas usan formas de manipulación para enriquecer a las élites económicas y analiza a 100 empresas del S&P 500 con los niveles salariales medios más bajos en 2022, informando acerca de las remuneraciones totales y las tenencias personales de acciones de directores ejecutivos (CEO, por sus siglas en inglés), así como la abismal brecha salarial entre éstos y trabajadores. También se revela los contribuyentes enriquecen –a través de contratos federales– a la mayoría de las empresas que pagan salarios más bajos. Concluye con una lista de sugerencias para lograr un sistema de remuneración empresarial más justo (https://tinyurl.com/55xbayz2).
Entre los hallazgos de Anderson se encuentra que: en 2022, la diferencia salarial entre un CEO y trabajadores en el grupo de 100 empresas con salarios más bajos fue de 603 a uno. Los CEO de este grupo ganaron una media de 15.3 millones de dólares en 2022, mientras el salario medio de los trabajadores fue de 31 mil 672 dólares. La empresa Live Nation Entertainment tuvo la mayor brecha salarial; su CEO, Michael Rapino, se embolsó 139 millones de dólares, 5 mil 414 veces más que el sueldo medio de sus trabajadores, de 25 mil 673 dólares anuales. Las 100 empresas con salarios más bajos han gastado más de 340 mil millones de dólares en recompra de acciones desde 2020, inflando artificialmente la remuneración basada en acciones de los ejecutivos y desviando fondos de los salarios de los trabajadores y otras inversiones productivas. Lowe’s, Home Depot y Walmart lideraron en la recompra de acciones. El patrimonio de Frederick Smith, CEO de FedEx, ha crecido 65 por ciento desde enero de 2000, hasta superar 5 mil millones de dólares. En contraste, el salario anual medio de los trabajadores de FedEx cayó 20 por ciento a 39 mil 177 dólares entre 2019 y 2022.
Más de la mitad de las 100 empresas con salarios más bajos recibieron, entre 2020 y 2023, contratos federales financiados por el erario por un valor combinado de 24 mil 100 millones de dólares. Amazon es el mayor contratista de la lista (al menos 10 mil 400 millones de dólares en contratos federales en los últimos años, la mayoría procedentes de servicios a la Agencia de Seguridad Nacional. Estos son ejemplos de la larga lista de cifras que ofrece Anderson y que prueban cómo el capitalismo estadunidense ha alcanzado niveles de inequidad sin precedente.
Y el poder corporativo se consolida globalmente. El jueves pasado se presentó en Nueva York el documento Multistakeholderism: is it good for developing countries?, publicado por el TransnationalInstitute (TNI) y el South Centre (https://tinyurl.com/5cadcbb7). Hay que definir qué quiere decir ese término. La mejor traducción de “stakeholder” es “partes interesadas”, y son justo las grandes corporaciones que se sitúan en este grupo menoscabando en el sistema de Naciones Unidas los intereses de la ciudadanía, comunidades, pueblos indígenas y otros. Su autor es Harris Gleckman, investigador principal del Centro de Gobernanza y Sostenibilidad de la Universidad de Massachusetts.
El documento encara la Cumbre del Futuro de la ONU en 2024 (https://tinyurl.com/2xetr58b). Cita que el mismo secretario general obedece a la mayoría de los países de la OCDE (el club de países ricos del que México es parte) al sostener que el multistakeholderismo debe ser parte de la gobernanza mundial. Gleckman sostiene lo contrario: “el multistakeholderismo socava al multilateralismo y limita a los países en desarrollo en la gobernabilidad mundial”, y demuestra cómo fue en el Foro Económico Mundial de Davos que surgió esta narrativa con auspicio de grandes trasnacionales, así como de ONG de países ricos, y explica cómo se ha expandido mediante el sistema de Naciones Unidas.
Gleckman identifica serias amenazas que el multistakeholderismo presenta al verdadero multilateralismo y a gobiernos de países periféricos (aun el G-77): la erosión de soberanías nacionales; la “externalización” de la gobernabilidad mundial; el declive de la responsabilidad y la confianza en la comunidad internacional; el desplazamiento de las funciones ejecutivas de gobiernos de la OCDE a empresas trasnacionales; la reorientación de políticas públicas hacia el rendimiento comercial, y una corrupción del lenguaje diplomático para enmascarar como “partes interesadas” los intereses de lucro privados.
El desafío que se plantea para el aniversario 75 de la ONU, escribe Gleckman,“es devolver al Estado-nación al centro de la gobernabilidad mundial… y abrir la puerta a la diversidad de instituciones de la sociedad civil y movimientos sociales comprometidos con un verdadero multilateralismo”. Queda a la 4T presente y futura seguir combatiendo la inequidad salarial en México, pero también poner atención a la intrusión corporativa en las funciones públicas en el ámbito de Naciones Unidas.
*Investigador del InstituteforPolicyStudieswww.ips-dc.org y Asociado del TransnationalInstitutewww.tni.org
