Cali. Con la certeza de que la estrategia de guerra contra el narco y las drogas “ha fracasado”, los gobiernos de Colombia y México establecieron una hoja de ruta para cambiar el paradigma en las políticas contra esos flagelos.
A este compromiso se sumaron representantes de otras 17 naciones, especialistas y líderes campesinos que participaron en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, que se realizó en esta ciudad y derivó en un documento con una serie de lineamientos para emprender alternativas al combate de esta problemática, con la mira puesta en una cumbre de jefes de Estado que se prevé realizar en 2025.
Correspondió a los cancilleres Alicia Bárcena (México) y Álvaro Leyva (Colombia) presentar las conclusiones de los debates.
El ministro de Relaciones Exteriores colombiano aseguró que la adopción del documento final de Santiago de Cali permitirá que los países de la zona avancen juntos en la construcción de una voz latinoamericana y caribeña.
“Este documento refleja el compromiso común de los países de abordar de forma integral, multidisciplinaria, equilibrada, amplia, basada en evidencia científica y de forma efectiva, el problema mundial de las drogas, atendiendo sus causas estructurales.”
Su par mexicana refirió que si bien se deben abordar las causas, el área de salud, el desarrollo y el combate a la criminalidad, la región debe entablar acuerdos con las naciones de consumo. “Nuestros países tampoco son los responsables de que haya una sociedad que tenga estos problemas de consumo y de organización social”.
Bárcena dio lectura al documento final, en el cual en un primer momento se estableció que las dos naciones reiteran la necesidad de contrarrestar de manera integral las consecuencias del problema mundial de las drogas y las causas estructurales primarias de desigualdad, pobreza, falta de oportunidades y violencia.
Asimismo plantea fortalecer los factores de protección comunitaria pero, sobre todo, lograr el tránsito hacia actividades lícitas sin renunciar al compromiso internacional de afectar el tráfico ilícito de drogas.
También, la defensa de sectores acusados de tráfico de sustancias. “No son traficantes, son trabajadores en busca de oportunidades”.
Se implementarán políticas para reducir la demanda a través de prevención universal, selectiva e indicada, con atención a la salud mental, a las adicciones, a la intervención temprana, al tratamiento, la rehabilitación, la recuperación y, sobre todo, afinar los programas educativos para los jóvenes.
“Muy importante para todos, y para México en particular, romper los nefastos vínculos entre el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada trasnacional y, especialmente, el tráfico de armas de fuego y municiones, que son la otra cara de la moneda de la delincuencia”, señaló Bárcena.
Especial énfasis pondrán en la protección al medio ambiente. “Por cada kilogramo de metanfetamina (que se produce), se generan 10 kilos de residuos químicos”.
Otro punto es la necesidad de contar con la comunidad internacional. México y Colombia acordaron crear un grupo de trabajo de seguimiento integrado por todos los estados de la región.