Las actuales crisis humanitaria y ambiental en México y el mundo provocadas por los megaproyectos de empresas trasnacionales poco conscientes de su impacto ambiental y comunitario, así como la aquiescencia del Estado en dichas situaciones, generan que las personas y comunidades defiendan su tierra y territorio, su hogar, su familia. Este fue el motivo por el cual Samir Flores Soberanes, indígena nahua, comunicador comunitario y defensor de derechos humanos, fue asesinado el 20 de febrero de 2019.
Él era parte de la radio Amiltzinko y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (Fpdta), donde su lucha era defender a su comunidad y con ella la imposición e instalación del Proyecto Integral Morelos en las regiones de Tlaxcala, Puebla y Morelos con fines hidroextractivistas y termoeléctricos. La promesa de campaña del actual Presidente había sido cesar la implementación de este megaproyecto. Ante el reclamo de los pueblos y comunidades de la región centro del país, el representante del Ejecutivo Federal ha criminalizado e intentado legitimar sus acciones hacia las comunidades a través la realización de una consulta popular en la que el enfoque de derechos humanos estaba ausente. Tras efectuarse esta acción, en 2019, el defensor Samir cuestionó a funcionarios públicos presentes sobre la forma en cómo se había llevado a cabo la consulta, evidenciando falta de incorporación de la participación y palabra de las comunidades afectadas por el proyecto. La respuesta fue arrebatarle la vida al día siguiente.
En la búsqueda del esclarecimiento de su asesinato y el acceso a la justicia, el Fpdta exigió que la investigación fuese atraída por la Fiscalía General de la República para garantizar la autonomía de las autoridades, prevenir la impunidad y la corrupción ante la posible vinculación del fiscal general de Morelos (de ese momento) con ese hecho. Durante los cuatro años siguientes, la investigación se caracterizó por la ausencia del enfoque de derechos humanos, omisiones e irregularidades por parte de la autoridad, vulnerando los derechos a la justicia y a la verdad, donde la única línea de investigación era la delincuencia organizada y no como defensor de derechos humanos. Asimismo, se identificó la presunta vinculación entre el narcotráfico y el gobierno estatal mediante la exhibición de mantas con mensajes que aludían a exponer la verdad del asesinato de Samir si no cumplían con sus exigencias.
Debido a la intervención que se hizo en torno al caso de Samir en una de las conferencias matutinas del Presidente, las movilizaciones y manifestaciones constantes afuera de los juzgados en Morelos y en la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, así como la preocupación y presión nacional e internacional de diversos actores, entre otras acciones, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión decidió atraer el caso en junio de este año, tras reconocer a Samir como comunicador comunitario y defensor del territorio. A pesar de ello, la fiscalía estatal decidió negar la entrega del expediente a ese organismo, por lo que se llevó a cabo una audiencia de competencia por inhibitoria ante un juez de control federal, el cual logró el veredicto a favor de la competencia en el caso el pasado 22 de agosto.
En este resolutivo se reconoce que había indicios suficientes para la atracción del caso frente a la consideración de que su asesinato se debió a su labor de periodista y su trabajo de defensa contra el proyecto Morelos, de acuerdo con el análisis de contexto realizado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. Es importante mencionar que la justicia en nuestro país es un camino con muchos obstáculos, donde la impunidad se ha institucionalizado y normalizado en la sociedad. Por ende, este suceso es un gran paso en la búsqueda de acceso a la justicia para Samir Flores Soberanes, así como una oportunidad para que el Estado logre garantizar la verdad, castigo a los culpables, interrumpir la perpetuación de la impunidad en el caso y, sobre todo, evitar que nos haga falta otra persona defensora de derechos humanos en la lucha. La libertad de expresión debe garantizarse y protegerse como el derecho humano que es, por lo que el Estado mexicano, principalmente la mencionada fiscalía, debe proteger y reconocer como periodistas y defensores de derechos humanos a las personas comunicadoras indígenas y comunitarias que ejercen su labor en medios públicos y privados, para que la justicia llegue, la verdad se haga presente y que la memoria y lucha de Samir Flores Soberanes siga viva entre nosotras, nosotres y nosotros.
