Cali, Colombia. Con la mira puesta en ejecutar un giro a la fallida política prohibicionista dictada desde Washington, México y Colombia suscribirán aquí una alianza en búsqueda de opciones que trasciendan la guerra contra las drogas y el narcotráfico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la invitación de su homólogo Gustavo Petro para trabajar en una agenda conjunta que convoque al resto de las naciones de la región, a fin de alcanzar una nueva visión del problema, que ha dejado miles de muertos, por consumo o violencia, y otros trances que han golpeado sobre todo a la población más vulnerable.

El mandatario mexicano llega hoy a Cali; en la noche se reunirá con Petro en un hotel de esta ciudad y luego habrá una cena en su honor. El sábado, ambos recibirán las conclusiones de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, convocada por el gobierno colombiano. En el foro que empezó ayer, especialistas, líderes del campesinado y funcionarios de 15 países comenzaron a tejer opciones distintas a la estrategia enarbolada desde los años 70 por Richard Nixon.

La presencia de López Obrador ha generado expectativa en Colombia, pues hay confianza en que la colaboración de las dos naciones más impactadas por la violencia de los cárteles arroje una nueva visión que se centre sobre todo en la atención a las causas, la prevención y el desarrollo de las comunidades más marginadas, históricamente las más golpeadas por la criminalidad.

El sólo encuentro de ambos mandatarios en suelo colombiano es todo un acontecimiento, opinaron algunos de los expertos en los paneles, pues son los primeros presidentes que encabezan gobiernos progresistas en ambas naciones y han planteado nuevos paradigmas para enfrentar el problema.

La coca, “el gobierno que nunca hemos tenido”

Presente en las mesas de debate, Carrito Abril, uno de los más visibles líderes de los campesinos cocaleros en Colombia, reveló en entrevista una dramática realidad para este sector: la cosecha de la mata de coca es, desde la década de los 80, la única opción para que el campesinado pueda generar ingresos.

“La coca en Colombia es el gobierno que nunca hemos tenido. Es el alcalde, el gobernador, el congresista, el presidente y el fiscal, porque ha resuelto todos nuestros problemas. Desde 1986, con el arranque neoliberal, se convirtió para nosotros en una solución. Dejamos de producir del campo y nos llevaron a producir coca (para sintetizarla en cocaína). Hoy es más valiosa no sólo en Colombia, sino en el mundo, que una mata de frijol, yuca o maíz”.

Su experiencia en el duro trabajo de la tierra le ha mostrado una respuesta para que la planta de coca deje de ser la única alternativa de subsistencia para los campesinos: revalorar el resto de los productos agrícolas. “De hacerlo, se acaba sola la coca, pero si no, dependemos únicamente de ésta”. Destacó la iniciativa de Petro, pues “por primera vez un gobierno convoca a campesinos, profesionales y científicos a buscar una solución al problema”.

La riqueza, para traficantes

Estefanía Ciro, especialista formada en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora investigadora del Centro de Pensamiento desde la Amazonia, aseveró que el mercado agroindustrial ligado a la cocaína “funciona con una regulación armada, violenta, provocada por la política antidrogas prohibicionista”.

Los datos, dijo, indican que en Colombia, Perú y Bolivia se siembra hoja de coca a lo largo de 300 mil hectáreas para alcanzar a dotar al mercado de suficiente producto para sintetizar esta droga destinada a 22 millones de consumidores de cocaína. Sin embargo, la riqueza se la llevan los traficantes y lavadores de activos, mientras los campesinos son el eslabón más débil de la cadena. Este mercado, afirmó, genera 295 millones de dólares a los primeros, pero las ganancias para los grupos de productores y traficantes alcanzan 2 mil 500 millones de dólares.

Sobre la estrategia de López Obrador, subrayó que se trata de una “política muy soberana en términos de la intervención de las agencia de Estados Unidos, como la DEA, en sus asuntos internos. Es decir, mientras se venía de la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, con una Iniciativa Mérida, se disparó la violación de derechos humanos. Hoy México planteó la decisión soberana de ‘lo que interviene en el país son las fuerzas del país’ y hay un control sistemático al impacto de la DEA y de otras organizaciones”.

Los expertos aclararon que no se debe criminalizar a los campesinos ni la hoja de coca, la cual tiene usos ancestrales y medicinales para las comunidades originarias. En cambio, llamaron a “desnarcotizar” esa producción y que las políticas se orienten a generar opciones para esas comunidades, prevenir el consumo, garantizar el respeto a los derechos humanos y atacar las arcas del crimen organizado trasnacional.

La viceministra de Asuntos Multilaterales de la cancillería colombiana, Elizabeth Taylor Jay, planteó que se convocó el acompañamiento de México para liderar esta conferencia bajo una premisa que los dos países enarbolan: “reconocer que la actual guerra contra las drogas ha generado resultados insatisfactorios, así como profundas desigualdades y conflictos en nuestras comunidades”.