Madrid. Murcia se convirtió ayer en la quinta comunidad autónoma de España con un gobierno de la coalición entre la derecha del Partido Popular (PP) y la extrema derecha de Vox, tras lograrlo en Castilla y León, Extremadura, Aragón y la Comunidad Valenciana.
Fernando López Miras, del PP, logró así su primera relección en el cargo de presidente de la región y lo hizo en contra de su compromiso de no compartir gestión con Vox, un partido político que niega la existencia de la violencia machista, no reconoce los efectos del cambio climático y, entre otras cosas, aboga por la ilegalización de todos los partidos políticos independentistas.
Fue elegido por amplía mayoría en el Congreso de Murcia, con lo que comienza una nueva etapa de cuatro años, en la que compartirá con Vox una serie de importantes carteras, como la Agricultura, Fomento y Seguridad e Interior.
Para justificar su mandato, López Miras se refirió a las negociaciones abiertas entre el gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, y el líder catalán Carles Puigdemont, dirigente de Junts per Cataluña y residente en Bruselas desde octubre del 2017 tras dirigir la declaración unilateral fallida de independencia.
“Yo puedo reunirme con el señor José Ángel Antelo (líder de Vox) en cualquier lugar de la región de Murcia para hablar. Ustedes prefieren los pactos que se negocian en el extranjero con un prófugo que no puede entrar a España porque estaría detenido. En la región de Murcia no hay nada que ocultar”, aseguró.
Advirtió que la “bandera” de su gobierno será la de “la igualdad”, además señaló que “los derechos y libertades estarán protegidos y salvaguardados, como siempre han estado. El apocalipsis, donde sí puede acabar produciéndose, es en este país cuando Pedro Sánchez acabe cediendo ante las pretensiones de Puigdemont”, declaró.
Durante esta jornada, Francisco Marín, presidente del Tribunal Supremo, instó al gobierno y a los partidos políticos con representación parlamentaria a renovar lo antes posible el Consejo General del Poder Judicial, al sostener que esta circunstancia, que se prolonga seis años, asfixia al funcionamiento de la justicia en España.
“Esta situación, sostenida en el tiempo, está dando lugar a una disminución de las cifras de resolución de recursos mediante sentencia, y la salida a este problema no puede pasar sin más por la asignación de un mayor número de ponencias a los magistrados”, señaló durante la apertura del año judicial, la ceremonia anual que se celebra en el salón de plenos del alto tribunal, presidida por el rey Felipe VI y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
