Naucalpan, Mex. Familiares y amigos de las representantes vecinales Felisa García y Carmen Rico, se manifestaron frente a los juzgados del Poder Judicial de la Federación, para exigir la libertad de ambas amas de casa, presas por defender un área verde, y que al ser vinculadas a proceso penal por el delito de extorsión agravada, el juez de control del caso les impuso una caución de medio millón de pesos a cada una.

El contingente partió del monumento al Obrero de avenida Gustavo Baz y avanzaron sobre Primero de Mayo para llegar a los Tribunales Federales de bulevard Toluca, colonia Parque Industrial, donde este día se pospuso una audiencia de un recurso de amparo que promueve la defensa de las ambientalistas para cambiar la medida cautelar impuesta por el Juez de Control.

Felisa García y Carmen Rico fueron detenidas el 5 de julio, luego de que vecinos de la colonia La Huerta defendieron un predio que trabajadores de una empresa inmobiliaria intentaron cercar, pero los colonos evitaron la acción; incluso la alcaldía local colocó sellos de suspensión a los trabajos de la desarrolladora.

Trabajadores de la empresa inmobiliaria acusaron que Felisa y Carmen llegaron al predio en disputa el 7 de febrero, dijeron que el lote forestal era de su propiedad y que debían pagar 2 millones de pesos si pretendían hacer uso del mismo, que dijeron ser integrantes de la organización Familia Michoacana y que llegaron con hombres armados que hicieron disparos al aire.

“Les fabricaron un delito, y deben estar en libertad”, planteó la abogada de ambas mujeres, Patricia Canales Martínez, quien comentó que este viernes fue pospuesta una audiencia sobre un recurso de amparo para que un Juez Federal revise y modifique la medida cautelar de pago de caución de medio millón de pesos.

La abogada solicitó al agente del ministerio público, mediante oficio, que el Centro de Control de Medidas Cautelares del Estado de México realice estudios socioeconómicos a las imputadas en virtud de que la garantía impuesta de 500 mil pesos, “es excesiva” dada la situación económica de ambas mujeres.

“Es un movimiento social, no son delincuentes”, expuso Patricia Canales.“Ambas están presas por un delito fabricado, y les solicitan una fianza de un millón de pesos y adquirir un brazalete electrónico, ellas no tienen ese dinero, por lo que siguen en el Penal de Barrientos”, planteó Patricia Canales Martínez.

La activista del colectivo Tribuna Urbana, Esther Tapia, acusó el ingreso violento de empresas desarrolladoras en Naucalpan, y que la ocupación de áreas verdes se repite en distintos puntos del municipio, y este es el caso de vecinos que defienden el predio de La Huerta, arbolado que es zona de recreo y corredor de paso de habitantes de Buenavista y San José Río Hondo.

Indicó que Felisa es presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de San José Río Hondo, y Carmen su secretaria, y que siendo autoridades auxiliares respaldaron la defensa del paraje La Huerta, que históricamente los vecinos usan como zona de paso y protegen como área verde.