Los ajustes en el gasto relacionados con las política de austeridad, el menor endeudamiento y las obras de infraestructura han sido las directrices que marcaron el proceso del paquete económico que elaboró la actual administración para el último año del gobierno, que será presentado hoy al Congreso. Dichas directrices se han cumplido de manera parcial en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Entre 2019 y 2023, las hélices del paquete económico (ingreso-gasto) han aumentado ambas 15.3 por ciento en términos reales, pero destacan el gasto en inversión (34.8 por ciento), el que va a desarrollo social (20.5 por ciento), mientras por el lado de los ingresos se disparó 76.7 por ciento el requerimiento de deuda, muestran cifras oficiales.

Hoy por la tarde, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará el último paquete económico de esta administración, el 2024. De acuerdo con especialistas, los documentos no deberían alejarse del sello del gobierno de López Obrador: austeridad y gasto social.

Los primeros cálculos que adelantó Hacienda en los Precriterios generales de política económica apuntan a que en 2024 el crecimiento será de entre 1.6 y 3 por ciento del producto interno bruto (PIB), la inflación cerrará en 4 por ciento; el tipo de cambio (peso/dólar) será de 19.2 en promedio y la tasa de interés de 8.5 por ciento.

El precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo –que a lo largo de 2023 ha estado por debajo de lo estimado y ha tirado parte de los ingresos públicos, junto a un tipo de cambio más fuerte– se prevé en 56.3 dólares por barril, al tiempo que la plataforma de producción alcanza un millón 914 mil barriles diarios, con un recorte en las exportaciones.

“Difícilmente habrán cambios”, respecto a lo que se ha venido observando: una política fiscal equilibrado y austera (...) con un déficit primario cercano a cero por ciento del PIB”, explicó Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Monex Grupo Financiero.

Sesgo político

James Salazar, subdirector de Análisis Económico y Sectorial en CI Banco, coincidió en que no se esperaría un cambio importante en el diseño, pero sí podría haber un deterioro en las métricas de la finanzas públicas, “en particular en el balance, podría intensificarse el déficit público (…) no para volverse un foco de alerta ni mucho menos, pero sí un deterioro adicional”.

Lo anterior, porque los programas sociales que son prioritarios para la actual administración no cambiarán, pero algunos de ellos requerirán mayores recursos, como la pensión universal para adultos mayores. También el costo financiero avanza, porque si bien en términos del PIB la deuda se ha mantenido estable, en términos absolutos sigue aumentando y las tasas de referencia no bajan.

Otro punto a tomar en cuenta, destacó Salazar, es que por el lado de los ingresos no se cuenta con los fondos de estabilización que en los primeros dos años ayudaron a compensar la baja en ingresos. Si bien este año se podría compensar la brecha con los ingresos tributarios dado el avance que ha tenido la economía, “esto no necesariamente se va a mantener para el próximo año”.

En términos generales será un paquete muy parecido, pero al ser un año electoral, un año en que entra la nueva administración públicos, puede haber un sesgo político más importante, más relevante, con mayores apoyos sociales”, acotó Salazar.

Por ahora los datos muestran que entre el paquete económico 2019 –elaborado todavía por la pasada administración de la mano del equipo gabinete económico entrante, en ese momento con Carlos Urzúa como primer titular de Hacienda de esta administración–, y el de 2023, bajo el mando del secretario Rogelio Ramírez de la O, los ingresos provenientes de las actividades del gobierno federal y organismos y empresas crecieron 8.6 por ciento.

Los ingresos de las aportaciones a la seguridad social lo hicieron 15.3 por ciento, y los provenientes de deuda lo hicieron 76.7 por ciento; El gasto programable, el que hace el gobierno, creció 11.3 por ciento, el de desarrollo económico resintió un poco más las medidas de austeridad, con un avance de 8.9 por ciento, y el destinado a desarrollo social tuvo un salto de 20.5 por ciento.

El gasto no programable –en el cual se clasifican participaciones y deuda– avanzó 12.3 por ciento. En rubros puntuales, el dinero destinado a estados y municipios fue uno de los que menos avanzó en cinco años, con un crecimiento real de 3.1 por ciento, mientras el destinado a inversión creció 34.8 por ciento.