Ciudad de México. El ex gobernador priísta Roberto Borge Angulo (2011-2016) sufrió un nuevo revés, luego de que un juez federal rechazó concederle un amparo contra la vinculación a proceso que se le dictó como presunto responsable del delito de delincuencia organizada, en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que continuará preso en el Centro Federal de Readaptación Sicosocial de Ayala, en Morelos.

El titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Alfonso Alexander López Moreno, negó otorgarle la protección de la justicia federal. Sin embargó, el togado sólo dio a conocer el sentido de la resolución, pero no hizo público el expediente con los motivos de la determinación.

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Roberto Borge Angulo, en contra el acto y autoridad que quedaron precisados en el considerando segundo, por los motivos y efectos asentados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente”, indica la síntesis del acuerdo del juez.

En marzo pasado un juez federal vinculó a proceso al ex mandatario dentro de la causa penal 541/2019, a quien el Partido Revolucionario Institucional (PRI) expulsó de sus filas en junio de 2017. Además, el impartidor de justicia impuso al ex titular del Ejecutivo estatal prisión preventiva oficiosa, por tratarse de un delito grave. En el ámbito estatal se siguen tres procesos penales en contra del último gobernador de origen priísta en Quintana Roo.

Los delitos que se imputan a Borge en la entidad son aprovechamiento ilícito del poder, por un supuesto desvío de recursos de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos; desempeño irregular de la función pública, por un presunto quebranto al erario estatal, y la venta de varios inmuebles propiedad del estado a precios muy por debajo de su valor real.