La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de votos, una reforma para obligar a la Secretaría de Salud (Ssa), los gobiernos estatales y las universidades, garantizar la protección y seguridad del personal médico, incluidos los jóvenes en servicio social, ante el incremento en los ataques en su contra.

Con 382 votos en favor, el pleno avaló un dictamen de la Comisión de Salud, donde se advierte del incremento de la inseguridad de los jóvenes médicos que son enviados a comunidades remotas, lo cual presenta “un foco rojo para limitar la oportunidad de aprendizaje, que es el servicio social”.

Los diputados resaltaron que, según el dato más actualizado de la Ssa en 2018, 13 mil 131 pasantes ofrecieron sus servicios en clínicas, hospitales e institutos nacionales, y muchos comparten condiciones laborales precarias e incluso uno de cada cuatro ha pensado en abandonar por razones de inseguridad o daño a su integridad personal.

Frente a ese contexto de riesgo, la cámara consideró de vital importancia garantizar que todas las personas gocen de una plena integridad física y síquica, así como de una plena integridad moral, y recordaron que en 2021 se cometió el feminicidio de la practicante de medicina Mariana Sánchez Dávalos, en Ocosingo, y en 2022 el asesinato a balazos a un pasante mientras atendía a un paciente en el Hospital Integral de El Salto en Pueblo Nuevo, Durango.

“Desgraciadamente estos casos se suman a la larga lista de profesionales de la salud que se ven agredidos en el país en relación con eldesempeño de sus funciones médicas”, resaltó la comisión en su dictamen.

En ese sentido, los legisladores lamentaron que el objetivo del trabajo social es obstaculizado “por diversas circunstancias, tal y en el caso de los profesionales de la salud una buena parte de ellos debe desempeñar sus funciones en un entorno inseguro y deficiente, en el cual su integridad se ve comprometida, entre otros hechos por inseguridad de la región en la que se encuentran falta de recursos en hospitales y centros de salud”.