Ciudad de México. Los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda e hizo uso indebido de recursos públicos en su conferencia matutina del 27 de marzo pasado, cuando llamó a no votar por la oposición en el marco de la discusión del plan B en materia electoral.

Ese día dijo: “Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación: ni un voto a los conservadores. Sí a la transformación. Ese es el plan C, ya lo aplicamos en 2018. Fue el pueblo el que dijo ‘basta’ y se inició la transformación”.

En sesión, el TEPJF confirmó, por unanimidad, la resolución de la sala regional especializada en la que declaró la existencia de las infracciones citadas, así como el incumplimiento de la medida cautelar girada al Presidente.

La controversia tuvo origen en las quejas presentadas por el PRD en contra del Presidente; Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión, y quien resulte responsable por las expresiones referidas, las cuales fueron retomadas por diversos medios de comunicación y en las redes sociales de uno de los denunciados durante los procesos electorales de Coahuila y el estado de México.

Queja contra el FAM

Por otra parte, en la sesión, el magistrado José Luis Vargas retiró su proyecto, que confirmaba un acuerdo dictado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, por el cual se desechó la denuncia de Morena contra el Frente Amplio por México (FAM) por la presunta vulneración a los principios de legalidad, certeza y equidad derivado de la puesta en marcha de la plataforma web y aplicación para recabar el apoyo de la ciudadanía.

Esto ocurrió luego de que Janine Otálora, Felipe Fuentes e Indalfer Infante manifestaron su desacuerdo. La magistrada señaló que permitir que cualquier persona o autoridad recabe fotografías de la credencial de elector y del rostro de la ciudadanía como parte de un proceso partidista implica distintos riesgos, entre otros, que se permitiría la libre circulación de información cuya recopilación, tratamiento y custodia corresponde al INE de manera exclusiva.