Washington. El juez de distrito David Ezra, en Austin, dio ayer nueve días de plazo para retirar la barrera de boyas instalada en julio pasado en el río Bravo, cerca de la ciudad de Eagle Pass, a fin de impedir el paso de migrantes sin papeles desde México, una decisión que el gobernador de Texas, Greg Abbott, adelantó que apelará en las cortes.

El gobierno del presidente Joe Biden argumentó en un recurso legal que la barrera, de más de 300 metros de largo, obstruye la navegación por el río y se instaló sin permiso del cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos.

El juez Ezra justificó su decisión por los “daños causados por la barrera flotante”, al citar “las enormes tensiones que ha provocado en las relaciones entre Estados Unidos y México”, así como “amenazas a la vida humana y obstrucción de la navegación libre y segura”.

También, planteó dudas sobre la justificación para instalar el muro flotante, al asegurar que el gobierno estatal no presentó ninguna “prueba convincente de que la barrera de boyas haya reducido significativamente la inmigración ilegal”.

En su medida cautelar no ordenó el desmantelamiento la barrera, pero instruyó al gobierno de Abbott, al menos por ahora, a sacar del agua todos los elementos ya existentes que la componen, y ponerlos “en la orilla del río Bravo del lado de Texas” antes del próximo día 15.

Funcionarios de Texas señalaron que apelarán el fallo. “La decisión judicial sólo prolonga la obstinada negativa del presidente Biden a reconocer que Texas da un paso al frente para hacer el trabajo que él debería estar haciendo”, comentó Abbott en la red social X.

El gobernador invocó poderes extraordinarios para implementar tácticas más agresivas contra la llegada masiva de migrantes. Las autoridades, como parte de la operación antimigrante Lone Star, instalaron alambre de púas y vallas de acero en la frontera, y facultaron a agentes armados para detener a los indocumentados con cargos de invasión de propiedad ajena.

“Una vez que Texas decide, a su exclusivo criterio, que ha sido invadida, no está sujeto a ninguna supervisión de los medios que elige para librar una guerra”, escribió en su fallo Ezra.

Para el Departamento de Justicia, demandante, estas boyas representan un problema humanitario y diplomático, y van contra los tratados fronterizos signados con México.