Santiago. Al tiempo que la derecha chilena ratificó que no concurrirá el lunes 11 de septiembre a la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, y que no firmará una carta propuesta por el presidente Gabriel Boric para "cuidar y defender la democracia", "enfrentar los desafíos con más democracia" y promover los derechos humanos, cuatro ex gobernantes suscribieron ese documento este jueves.

Entre quienes lo signaron se cuenta el derechista Sebastián Piñera, que se distanció así de su sector, generando molestia allí, si bien declinó ir al acto oficial en la Plaza de la Constitución. Los otros ex gobernantes son Michelle Bachelet, que confirmó su asistencia, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos, que no estarán presentes, el primero viaje fuera del país y el segundo por convalecer de una caída.

La decisión de los líderes de los partidos Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, y Evolución Política (Evopoli), Gloria Hutt, es otra vuelta de tuerca al polarizado, enrarecido y "eléctrico" -como lo definió Boric hace unos días- ambiente que rodea la conmemoración del medio siglo transcurrido desde el derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende y el inicio de la sanguinaria dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, que entre asesinados, desaparecidos, presos políticos y torturados dejó más de 40 mil víctimas directas, según dos investigaciones oficiales.

Otras muestras de la crispación se sucedieron en la Cámara de Diputados, donde derechistas rehuyeron guardar un minuto de silencio en homenaje a legisladores izquierdistas ahora detenidos desaparecidos; o bien un abierto negacionismo en torno a delitos de lesa humanidad, por ejemplo, rechazando que hubiese mujeres embarazadas detenidas, torturadas y desaparecidas, cuando hay a lo menos nueve casos documentados, desconociéndose además qué pasó con las criaturas en gestación.

La derecha, prácticamente como nunca en las cinco décadas transcurridas, ha salido a disputar que hubo causales que podrían explicar e incluso justificar la ruptura institucional de 1973 e insiste en que hay responsabilidades compartidas, desconociendo el intervencionismo desestabilizador de Estados Unidos.