El Arenal, Jal., Las múltiples afectaciones en sus casas y departamentos, que van desde grietas y filtraciones hasta movimientos estructurales, han llevado a vecinos del fraccionamiento La Cima, en el municipio de El Arenal, a interponer una denuncia penal contra Rodrigo Gil Ramírez, ex representante legal de la inmobiliaria Tango y contra quienes resulten responsables de haber permitido la construcción del desarrollo.

La Cima se encuentra en medio del paisaje agavero que se extiende hacia el Pueblo Mágico de Tequila. En una extensión de más de 429 mil metros cuadrados, la empresa y el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrecieron seguridad, parques recreativos, un centro cultural, biblioteca, centro de salud y comercios en el fraccionamiento, lo cual, en menos de una década, se convirtió en un espacio abandonado, donde el servicio de agua llega apenas dos veces al día y cuyas calles –que presumen nombres de países europeos– se encuentran llenas de baches y de postes de luz que no funcionan.

De acuerdo con los vecinos, que son de escasos recursos, la falta de servicios obligó a varios dueños a abandonar sus viviendas; varias de ellas se han puesto en renta, o incluso son ocupadas por precaristas; otras son utilizadas como narcotienditas.

Mientras Gil Ramírez representaba legalmente a la empresa, su hermano Juan Cristóbal Gil Ramírez se desempeñaba como subdirector de Administración de Cartera de Infonavit, área encargada de administrar las hipotecas.

El corte de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por un adeudo de 9 millones de pesos de la inmobiliaria –de acuerdo con datos del municipio–, provocó que el tanque de agua dejara de operar y fuera suspendido el servicio. Ese hecho, recuerda Juliana Rodríguez, fue el acabóse de las afectaciones en La Cima. Ella y Mónica Arenas cuentan que han vivido en carne propia el desdén de las autoridades y la burocracia para hacer valer ante el Infonavit los seguros de daños.

Rodríguez es madre soltera y adquirió a crédito su casa con valor de 427 mil pesos en marzo de 2018. Dos meses después de la compra, las tuberías de agua se quebraron, su casa se humedeció, algunos drenajes se taparon y comenzó el problema de la falta de luz y agua.

“Estaba todo muy bonito, había agua, las calles no tenían baches, había guardia de seguridad; era un fraccionamiento nuevo. En un abrir y cerrar de ojos se vino abajo. Cuando tuve problemas con mi casa la asesora inmobiliaria me bloqueó, no me dieron la cara. Metí quejas y no me las aceptaban”, recuerda la mujer, quien fue una de las personas que interpuso la denuncia penal.

En tanto, Mónica Arenas, quien adquirió un departamento a crédito con costo de 368 mil pesos, aseguró que el edificio en el que vive desde hace cuatro años fue dictaminado por Protección Civil como inhabitable. La construcción es tan frágil que las autoridades recomendaron no instalar tinacos en la parte superior porque el peso podría dañar la estructura.

“Infonavit no me quiere hacer válido el seguro de vivienda hasta que lleve todas las pruebas de mínimo 15 departamentos que se encuentren así. Yo no puedo reunir a 15 personas; yo les digo que estoy alegando por mi patrimonio. Estoy pagando este crédito por una estructura que está mal. Esto se va a caer. Nos dejamos guiar por el dinero que ofreció la constructora y por eso compramos; nunca pensamos que esto pudiera tener tanta cosa defectuosa”, dijo Arenas, quien recuerda que la empresa le “regaló” 35 mil pesos en efectivo por haber comprado el departamento.

Debido a las múltiples afectaciones, y por seguridad de ella, su esposo y sus dos hijos menores de edad, Mónica Arenas piensa abandonar su patrimonio.

La única manera que los vecinos han encontrado para resolver los problemas es manifestarse y bloquear vialidades, con lo que, apenas, lograron el otorgamiento del servicio de recolección de basura y el tandeo de agua.