El ex director jurídico y de Gobierno de la actual alcaldía Benito Juárez Luis Vizcaíno Carmona se convirtió en el segundo funcionario de esa demarcación en ser sentenciado por enriquecimiento ilícito, en un procedimiento abreviado en el que recibió por parte de la autoridad judicial una condena de cuatro años de prisión domiciliaria, informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

La vocería de la dependencia señaló que el servidor público delegacional entre 2009 y 2016 “aceptó tácitamente” su responsabilidad, por lo que se mantendrá bajo custodia policiaca y deberá cubrir una sanción pecunaria.

Por eso, el juez de control ordenó el decomiso de las cuentas bancarias de dos de sus empresas y de un edificio ubicado sobre avenida Insurgentes Sur, colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Benito Juárez, del cual es propietario junto con otro ex servidor público de Benito Juárez –Nicias Aridjis, el primer sentenciado por enriquecimiento ilícito, en procedimiento abreviado– y cinco departamentos ubicados en un edificio de la calle Petén, colonia Narvarte Oriente.

Las indagatorias sobre una presunta red de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, que incluye la declaración de un importante constructor, permitió identificar su modus operandi y la participación de jefes delegacionales, ex delegados y otros ex funcionarios, además de establecer cómo estas personas se hicieron de manera irregular de diferentes inmuebles al aprovecharse del cargo público que los ciudadanos les encomendaron, indicó la FGJ.

Por otra parte, se informó que agentes de la Policía de Investigación trabajan en la localización de Adelaida N, directora general de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos de Benito Juárez de 2019 a 2022, quien se encuentra evadida de la acción de la justicia.

La ex funcionaria cuenta con una orden de aprehensión por su probable participación en el uso ilegal de atribuciones y facultades y no se presentó a la audiencia inicial a la que fue requerida.

Sin embargo, la misma Fiscalía confirmó que la acusada salió libre desde julio del penal femenil de Santa Martha Acatitla, luego de obtener un amparo del juzgado tercero de distrito de amparo en la Ciudad de México contra el dictamen del juez de control del Sistema Procesal Acusatorio adscrito a la unidad 12 del Poder Judicial.

En la audiencia del cumplimiento de ejecución de amparo se determinó dictar auto de no vinculación por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en pandilla.

El integrante de la Comisión de participación Comunitaria de la colonia Narvarte, Hugo Torres, reprochó que “esos jueces de distrito en materia de amparo den impunidad a los delincuentes del cártel inmobiliario”.

Denunció que “la FGJ no escucha, atiende o soluciona los problemas de las víctimas de la corrupción inmobiliaria”, quienes a pesar de presentar denuncias no ven avance. “La falta de justicia es una burla para los vecinos que han denunciado, los que han perdido sus ahorros, sus hipotecas, su patrimonio, el banco ha embargado bienes de las víctimas por las transas de estos ex funcionarios”.