Santiago. La derecha chilena, desde la considerada moderada y liberal hasta la ultraconservadora y pinochetista, rechaza suscribir una declaración que propone “enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia”, “condenar la violencia” y “defender y promover los derechos humanos”.

Se trata de un texto planteado por el presidente Gabriel Boric en el contexto de la conmemoración, el próximo 11 de septiembre, de los 50 años del derrocamiento del mandatario socialista Salvador Allende y del establecimiento de la dictadura de Augusto Pinochet durante 17 años, desde 1973 hasta 1990.

Incluso sus dirigentes no asistirán a los actos oficiales programados.

El Compromiso de Santiago, filtrado a la prensa y que Boric procura sea también firmado por los ex gobernantes chilenos Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Eduardo Frei, y por los siete presidentes latinoamericanos que , hasta ahora, confirmaron su presencia, dice:

“Al cumplirse 50 años del quiebre violento de la democracia en Chile que costó la vida, la dignidad y la libertad a tantas personas, chilenas y de otros países, queremos, más allá de nuestras legítimas diferencias, comprometernos en conjunto a:

1. Cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución, las leyes y el estado de derecho. Queremos preservar y proteger esos principios civilizatorios de las amenazas autoritarias, de la intolerancia y del menosprecio por la opinión del otro.

2. Enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia, nunca con menos, condenar la violencia, y fomentar el diálogo y la solución pacífica de las diferencias, con el bienestar ciudadano en el horizonte.

3. Hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos un valor compartido por toda nuestra comunidad política y social, sin anteponer ideología alguna a su respeto incondicional.

4. Fortalecer los espacios de colaboración entre Estados a través de un multilateralismo maduro y respetuoso de las diferencias, que establezca y persiga los objetivos comunes necesarios para el desarrollo sustentable de nuestras sociedades.

Cuidamos la memoria, porque es el ancla del futuro democrático que demandan nuestros pueblos”.

Según la derecha, el texto impone “una verdad oficial” acerca de los hechos de entonces.

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), senador Javier Macaya, sentenció: “no vamos a participar en hitos que dividen a Chile y que generen visiones unilaterales de la historia”.

El secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, justificó: “no estamos dispuestos a prestarnos para una puesta en escena cosmética que no ha ido antecedida de un clima, de un tono que nos permita pensar que va a haber reconciliación”.

Mientras el presidente del ultraconservador Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que “cualquier declaración está en una puesta de escena de división y no somos parte de eso”.

La derecha política e intelectuales que la acuerpan, alegan que la memoria del golpe de 1973, que dejó más de 40 mil víctimas directas entre ejecutados, desaparecidos y torturados oficialmente reconocidos, “no puede estar centrada desde el 11 de septiembre para adelante, sino que todos sabemos que hay causas”, pero que Boric “solamente ve la perspectiva que le ha impuesto el Partido Comunista, que quiere contar una sola historia”, afirmó uno de sus diputados.