Ciudad de Guatemala. El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue condenado el miércoles a ocho años de prisión tras aceptar los cargos de fraude, lavado de dinero y cohecho que la fiscalía le había imputado y que fueron cometidos durante su mandato.

“Acepto los tres delitos que se me imputan”, dijo Pérez Molina ante la jueza Eva Recinos.

Pérez Molina renunció al cargo en 2015 tras varias acusaciones de corrupción y protestas masivas que exigían su salida del gobierno junto a todo su gabinete. Su vicepresidenta Roxana Baldetti, también fue condenada por actos de corrupción.

La jueza Recinos dio por acreditado que Pérez Molina cometió los delitos aceptados con agravantes como la premeditación y el abuso de superioridad. La magistrada agregó que bajo su gobierno (2012-2015) Pérez Molina nombró a personas que cometieron los delitos mencionados y que habría aceptado sobornos por la adjudicación de contratos con el Estado.

Recinos condenó al exmandatario a dos años y seis meses por fraude, dos años y seis meses por cohecho y tres por lavado de dinero haciendo un total de ocho años de prisión más una multa de casi tres millones de dólares.

La fiscalía acusó en varios casos a Pérez Molina y lo identificó como líder de una estructura criminal que defraudó al Estado. En una de sus indagaciones el Ministerio Público estableció varios hechos, entre ellos, que recibió regalos comprados con fondos públicos de parte de sus ministros y aceptó sobornos de uno de los puertos del país. La fiscalía estimó en más de 50 millones de dólares lo defraudado por el exmandatario.

“Yo no vine aquí a presentar excusas, ni a defenderme. Yo por eso pedí la audiencia de aceptación de cargos”, dijo el ex presidente, aunque rechazó haber recibido sobornos o regalos comprados con fondos públicos.

Pérez Molina está en prisión desde 2015 por varias acusaciones. Su abogado defensor, César Calderón, pidió que se lo condene a menos de 40 meses de cárcel pues la ley de aceptación de cargos reduce hasta la mitad las penas.

Calderón dijo que en la investigación no se aportó ninguna prueba ni testigo que probara que su defendido había recibido sobornos o dinero producto de algún delito.