Madrid. Al día siguiente de reunirse con la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, el dirigente del separatismo cata-lán, Carles Puigdemont, quien gobernó la región entre enero de 2016 y octubre de 2017, puso ayer con-diciones irrenunciables para respaldar la investidura del socialista Pedro Sánchez, entre ellas la aprobación de una amnistía general a todos los procesados partícipes en la declaración unilateral fallida de secesión y el reconocimiento al derecho de autodeterminación en virtud de la legislación internacional.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la parte del gobierno central advirtieron al dirigente independentista que “los límites de la negociación están en la Constitución”.

Las elecciones del 23 de julio pasado dejaron un Congreso de los Diputados dividido en dos grandes bloques: el de la derecha y ultraderecha, con 172 diputados, y el de la izquierda y los partidos indepedentistas, que suman 171, que están a la espera de que Junts per Catalunya (JxCat), que lidera Puigdemont desde Bruselas, se sume al gobierno de coalición.

Los partidos que apoyarían a un gobierno presidido por Sánchez todavía tienen que negociar tanto con el PSOE como con la coalición de izquierdas Sumar.

Mientras, Esquerra Republicana de Catalunya, EH-Bildu, Bloque Nacionalista Galego e incluso el Partido Nacionalista Vasco ya advirtieron que en ningún caso apoyarán un gobierno aliado de la extrema derecha.

Las cuatro condiciones que Puigdemont mencionó para apoyar la investidura de Sánchez se deben de “cumplir” antes de sentarse a hablar sobre la “negociación posterior”, es decir el de la votación de la investidura.

De ahí que el dirigente exigiera “garantías” de que se creara de forma tangible y comprobable una ley de amnistía y se permitiera un mecanismo similar al del referen-do del primero de octubre para permitir el derecho de autodeterminación en función de “los tratados internacionales”.

En cuanto a la ley de amnistía, Puigdemont advirtió que el Estado debe cumplir con “el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo.

Debe ser a través de una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y a través de la fiscalía y la abogacía del Estado”.

Esto permitirá, según el dirigente de JxCat, “reparar una injusticia, no para olvidar o llegar a un punto final ni para igualar las víctimas y los victimarios”.

La vocera del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, y el del grupo parlamentario socialista en el Congre-so, Patxi López, explicaron que la vía a la propuesta de Puigdemont “no es la nuestra” y que los “límites de cualquier negociación será la Constitución”.