El Arenal, Jal., Miles de familias jaliscienses fueron víctimas de un fraude orquestado por la inmobiliaria Tango, con la complicidad de autoridades de los gobiernos emanados de los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, en la construcción del fraccionamiento La Cima, por lo que tienen que vivir en casas y departamentos que carecen de servicio de agua potable e incluso, en algunos casos, con dictámenes de riesgo estructural que las ponen en peligro de muerte.

Se trata de 2 mil 500 viviendas, por las cuales sus propietarios –personas de escasos recursos– se endeudaron con créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que siguen pagando, mientras la empresa constructora se encuentra desaparecida, ya que, de acuerdo con la actual administración municipal, se desconoce la ubicación de sus oficinas y no ha habido forma de contactar a sus representantes legales.

La Cima, cuya construcción se inició en 2010, fue edificada en siete etapas diferentes, de las cuales las tres primeras fueron las únicas que el ayuntamiento recibió formalmente el 28 de septiembre de 2012; las siguientes no fueron recibidas porque la empresa no demostró su habitabilidad ni factibilidad hídrica, refieren documentos.

La Auditoría del Estado de Jalisco (AEJ) también halló irregularidades en los ingresos de 2018 y 2020, cuando detectó que la inmobiliaria no realizó el pago de 16.5 millones de pesos por concepto de ampliación de la vigencia de licencias de urbanización, trámite otorgado por los ayuntamientos a desarrolladores para urbanizar un área determinada. Con todo, la AEJ rechazó la presentación de denuncias penales contra servidores públicos.

Pese a la falta de permisos y licencias, los gobiernos municipales de Joaquín González Lara (Acción Nacional) y Jorge Abel Hermosillo Pulido (Movimiento Ciudadano), permitieron la edificación y la venta de las viviendas a través del Infonavit, que entregó mil 821 créditos que oscilan entre 300 mil y 700 mil pesos cada uno.

El delegado del Infonavit en Jalisco, Ramón Gómez Armentia, sostiene que la dependencia cuenta con todas las autorizaciones del fraccionamiento; sin embargo, en una misiva dirigida al gobierno municipal y a diversas autoridades, el alcalde de El Arenal, Jorge Camarena Baltazar, aseguró que “de manera ilegal y ante la omisión de diversas autoridades”, la empresa siguió vendiendo casas y departamentos, con construcciones de calles y edificios “deficientes” sin contar con los permisos correspondientes y en constante riesgo de colapso.

Se calcula que Infonavit pagó al menos 546 millones de pesos al desarrollador por la construcción de La Cima, donde habitan unas 2 mil 981 personas.

La inmobiliaria Tango desapareció y ni siquiera se conoce su dirección, indicó el presidente municipal. Quien era el apoderado legal de la firma durante la construcción irregular, Rodrigo Gil Ramírez, ahora es presidente de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi) en Jalisco, cuyo nombramiento fue encabezado por el propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez en un acto público el año pasado, y cuya administración también ha tenido conocimiento de las anomalías del fraccionamiento a través de diversas quejas y una misiva dirigida al emecista el 22 de diciembre pasado, sin que hasta la fecha ninguna autoridad haya intervenido para dar una solución a los vecinos.

Para la diputada local Susana de la Rosa Hernández del partido Futuro, el caso de La Cima es un reflejo del surgimiento del cártel inmobiliario en Jalisco.

“Comienza a pasar el fenómeno de la Ciudad de México. La Cima refleja una forma de operar que se está repitiendo en nuestro estado: permitir a constructoras crear fraccionamientos o departamentos que no cumplen con los planes parciales de desarrollo, no cuentan con información sobre estudios de impacto ni con permisos del ayuntamiento y terminan causando estragos por falta de agua y luz. Todo eso se permite y lo más grave es que se violan derechos humanos y económicos de la gente”, dijo De la Rosa Hernández, quien presentó un punto de acuerdo ante el Congreso estatal para que las autoridades resuelvan el problema.