La Iglesia católica respaldó la resolución de un juez federal que determinó que no se repartan los libros de texto gratuitos (LTG) en Tabasco a petición de la Alianza de Familias, y retomó palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace unos días afirmó que los padres de familia deben decidir si los volúmenes se distribuyen o no.

El obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas, avaló la postura de paterfamilias tabasqueños, quienes consideraron que el contenido de los LTG son inapropiados para estudiantes del nivel básico.

El jerarca católico recordó que el mismo López Obrador dijo en una de sus conferencias matutinas, sobre la polémica en cuanto a los LTG, que “son los padres de familia quienes deciden, y si decidieron eso, la razón la tienen los padres de familia, que son los primeros maestros y los primeros guías, y a quienes más les importa la educación y formación de sus hijos”.

El dictamen se emitió luego de que el pasado fin de semana, padres del ejido Poza Redonda del municipio de Cárdenas, cuyos hijos asisten a la escuela Ponciano Arriaga, devolvieron los volúmenes y dijeron estar indignados por su contenido.

Repudian a los LTG en QR

Padres de familia y militantes del PAN protestaron contra los LTG ante la sede de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), ubicada en Chetumal, así como frente a una escuela del municipio de Tulum, con el argumento de que en el seno familiar pueden abordar temas de sexualidad, por lo que devolvieron unos 200 ejemplares.

El consejero estatal del PAN, Hiram Pérez, afirmó que la manifestación en las oficinas de la SEQ fue en defensa de “una educación sin ideologías”, y en repudio a la instrucción “hipersexualizada” que a su ver pretende imponer el gobierno federal. “En la educación básica de los niños no se deben tratar este tipo de temas, los padres de familia de ninguna manera vamos a tolerar que a nuestros hijos los estu-dien”, afirmó.

Según el panista, “la comunidad está despertando, aunque lamentablemente los libros en Quintana Roo ya están en las escuelas, porque el gobierno no hizo ninguna consulta al pueblo, (...) no preguntaron a los padres de familia si estaban de acuerdo, como se hizo en otros estados donde se decidió no distribuirlos. Trabajamos en amparos para que el padre de familia que decida no hacer uso de esos libros llegue con ese amparo, y la escuela no le dé ese material, ni la información”.