Si Carlos Monsiváis viviera, con toda seguridad la cita ocuparía un lugar en su columna Por mi madre, bohemios. Ante la presión de las organizaciones de padres de familia que en Tabasco objetan los libros de texto, Carlos Manuel Merino, gobernador de Tabasco, dijo que los materiales se entregarán en las escuelas de la entidad, y será decisión de los progenitores permitir que sus hijos los usen o se ocupen para “aguantar las patas de la cama” (https://shorturl.at/foBI4).

El piloto aviador que despacha como mandatario interino en el Edén, añadió: “Si alguien no quiere usarlo porque ya estudió el contenido y tiene un juicio de valor ya justificado, pues que lo guarde en su biblioteca”.

Cuando en Villahermosa los padres de la escuela primaria Alfonso Caparroso levantaron firmas para evitar la distribución de los volúmenes, el mandatario les espetó: “Creo que tenemos una oposición destructiva y sin sentido”.

No es esta la única expresión de descontento sobre este asunto con la que el capitán Merino se ha topado. Denominaciones evangélicas que proliferan en el estado y objetan la ideología de género marcharon el 6 de agosto y entonaron cánticos en el municipio de Cárdenas contra el aborto y los libros de texto. En sus discursos, defendieron proteger la vida desde el momento de la concepción y garantizar el acceso a una educación basada en principios morales y religiosos.

Apenas hace unos días, los mentores de la escuela Ponciano Arriaga, también en Cárdenas, decidieron desechar los materiales y tirarlos afuera de la dirección escolar.

Hay quienes los rechazan desde el catolicismo. Fredy Lanestosa Contreras, delegado nacional de padres de familia, anunció: “Hemos decidido en el sureste que no vamos a respaldar la entrega de los libros escolares porque traen datos y temas nocivos contra los niños”, que van a hacerles daño. Pidió regresarlos a la Secretaría de Educación en Tabasco (Setab), e incluso, cerrar escuelas.

Aunque los ejemplares ya se entregaron en la entidad, según el dirigente de la Alianza de Familias por Tabasco, Raúl Álvarez Constantino, la jueza sexta de la Ciudad de México, falló a favor de su asociación “suspender su distribución porque las autoridades educativas no cumplieron con los procedimientos para la elaboración de planes y programas de estudio”.

Expresiones del descontento de grupos confesionales pueden encontrarse también en centros escolares de otras entidades del sureste. El 1º de septiembre, un grupo de padres de familia y habitantes de la comunidad de Yalentay San Joaquín, municipio de Zinacantán, Chiapas, ingresaron a la primaria Primero de Mayo de esa localidad y le prendieron lumbre a los libros del diablo.

En Kantunilkín. Quintana Roo, los padres del plantel Héroes de Chapultepec devolvieron los volúmenes porque “corrompen la integridad de las familias”, al fomentar otras preferencias sexuales. Según Juan Ismael Chi Cab, un papá, “normalizan el homosexualismo, el lesbianismo y hasta ciertas actividades rituales” que atentan contra la religiosidad de las personas. En Tulum, los de la escuela Juana de Asbaje, regresaron 200 libros con contenidos inapropiados. En Chetumal protestaron frente a la Secretaría de Educación en rechazo de los contenidos.

En Campeche, la comunidad evangélica levantó la voz. El presbítero Alfonso Durán Moo advirtió que no pueden permitir que se corrompan los correctos momentos de enseñanza, pues los niños no deben estar al tanto de la actividad de una prostituta heterosexual y una transgénero, o hacer llamados a Satán, como se hace en los libros (https://shorturl.at/dgBT6).

Existe descontento también en Nuevo León, escenario de una intensa batalla jurídica, política y mediática entre organismos civiles, religiosos y empresarios, que ha pasado por diferentes etapas entre estos actores y el gobierno local, que tiene en contra una abrumadora crítica social por sus malabares para rechazar clara y tajantemente los materiales. El desenlace provisional apunta a una negociación, con resultados que se justifican como producto de una mesa de trabajo con expertos que revisó el tema desde junio.

Pese a que la Unión de Padres de Familia aseguró que el Poder Judicial le otorgó un amparo que obliga a usar los libros del ciclo escolar pasado, el gobierno estatal dio a conocer los nuevos lineamientos a través de la secretaria de Educación, Sofialeticia Morales, y del secretario de Gobierno, Javier Navarro. Los funcionarios anunciaron que no se entregará el material didáctico que corresponde a los maestros –que son los que determinan el plan de estudios–, pero sí se repartirá el destinado a los niños.

Según los secretarios, hay que proporcionar los libros a los menores porque es una obligación legal hacerlo y no se debe retrasar su trabajo. Y se retienen los de los profesores, presentes en Libro sin recetas, debido a que contienen “un mayor contenido ideológico o adoctrinante”. En sustitución de éstos, se pide a los docentes que usen el del ciclo escolar pasado y se guíen por su conocimiento, hasta “en tanto no se refuercen las orientaciones didácticas y pedagógicas y se acuerde suprimir las referencias históricas que no tuvieran un contexto real o estuvieran equivocadas”.

La batalla fuera de las aulas por la distribución y el uso de los libros de texto gratuitos está lejos de dirimirse. Los ejemplos reseñados son una pequeña muestra de lo que sucede en el país, y que van del nivel micro de escuelas y regiones al de la definición de políticas de gobiernos estatales, muestran la subsistencia de una problemática, política y religiosa, diversa y compleja. Como decía Yogi Berra: “Esto no se acaba hasta que se acaba”.

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