La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por el proceso contra la jueza Angélica Sánchez Hernández, a quien el gobierno de Veracruz acusa de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.

En una carta dirigida al gobierno mexicano, la funcionaria diplomática demandó que se garanticen los derechos de la juzgadora. “Sin implicar de antemano una conclusión sobre los hechos, quisiera expresar mi preocupación sobre la información recibida, la cual describiría como un patrón de represalias contra la jueza Sánchez por el contenido de una decisión.

“Veo con suma preocupación las faltas al debido proceso descritas en el caso que sigue la fiscalía de Veracruz contra jueza, y las declaraciones públicas que se han hecho al respecto”, señaló Satterthwaite.

Su arresto, “desaparición forzada” de corto tiempo

“En particular –dijo–, me preocupa que Sánchez Hernández haya sido detenida sin orden de aprehensión y que ésta podría constituir una desaparición forzada de corta duración.”

También solicitó que en un plazo de 60 días se le proporcione información sobre los fundamentos de hecho y derecho del arresto “y explique cómo estas acciones cumplen con las obligaciones de México en virtud del derecho internacional a las garantías humanas”.

De igual manera pidió que se le informe sobre las medidas para garantizar la independencia de jueces y magistrados, en apego a los principios de independencia judicial consagrados en los tratados internacionales.

“Un principio fundamental de la independencia judicial, los jueces no deben estar sujetos a acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones”, señaló Satterhwaite, en su carga de nueve cuartillas.

La funcionaria anunció que, tras recibir los informes del gobierno mexicano, preparará un reporte del caso para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que hará público dentro de tres meses.

Finalmente, instó al gobierno a adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos y libertades de la jueza Sánchez y sancionar a quien las viole.