Chihuahua, Chih. La Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial de Chihuahua recomendó medidas de protección a favor de la jueza Décimo Familiar por Audiencias, Sabela Patricia Asiain Hernández, y de todo el personal a su cargo, por actos de hostigamiento y acoso laboral que padecieron de parte de la contralora del Tribunal Superior de Justicia, Ivonne Coello Muñoz, y de los funcionarios Saúl Fierro Flores y Saúl García Gutiérrez, ya que les realizaron interrogatorios fuera de procedimiento, en dos supuestas auditorías de manera consecutiva, el 30 y 31 de agosto pasado.

Según un oficio de la jueza Asiain Hernández en el que denuncia los hechos, la titular de la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia y los dos funcionarios acudieron al Juzgado Décimo Familiar por Audiencias el 30 de agosto, sin aviso previo y cuando no estaba ella, y comenzaron a hostigar al personal sobre el uso de firmas electrónicas, uso de equipo de computo, incapacidades médicas y la participación en comisiones relacionadas al grupo técnico revisor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Los funcionarios de la Contraloría realizaron interrogatorios fuera de procedimiento, con la justificación de llevar a cabo una supuesta auditoría, e insistieron al personal en que respondiera preguntas como ¿la jueza anda de vacaciones cuando los demás trabajan?, ¿cómo le hacen cuando la jueza anda de vacaciones? ¿quién tiene la clave de la jueza?, entre otras.

También cuestionaron a una empleada que tenía incapacidad médica, desestimando la justificación de su ausencia por motivos médicos, y continuaron interrogando a los empleados, aún después de que la jueza se comunicó vía telefónica para informarles que estaba en la Ciudad de México en el acto público de instalación de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (Cocifam).

Sabela Patricia Asiain Hernández colabora, por parte del Senado de la República, en el grupo técnico revisor relativo a la iniciativa de Ley General de Mecanismos Alternos a la Solución de Conflictos, y junto con académicos, jueces, magistrados, barras y colegios de abogados, senadores y notarios del país, participó en la redacción del libro cuarto del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en los interrogatorios, los funcionarios de la Contraloría desestimaron dicha colaboración la calificaron como “vacaciones no autorizadas”.

Al día siguiente, 31 de agosto, los mismos funcionarios regresaron al Juzgado Décimo Familiar por Audiencias, y proceden a interrogar al personal que labora en dicha fuente de trabajo, otra vez sobre diversos aspectos de mi persona que son ajenos al ámbito la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, refirió Sabela Patricia Asiain en la queja.

En respuesta a la queja de la jueza, la Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género recomendó a la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA) del Poder Judicial chihuahuense, que dicte medidas contra los presuntos hostigadores, como prohibición de tener contacto o comunicación con el personal, prohibición de acercarse a sus domicilios, fuente de trabajo y de estudios.

Titular del TSJ minimizó los actos de abuso

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, Myriam Hernández Acosta, afirmó que las acusaciones que le han hecho por presuntos actos de hostigamiento y extorsión en contra de jueces son “conductas mediáticas (por parte de ellos) para liberarse de procesos administrativos”.

En entrevista colectiva con reporteros de la fuente del gobierno de estado, Hernández Acosta refirió que revisando el número de amparo que se cita en una de las denuncias anónimas, ésta corresponde al juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez.

Refirió que éste último enfrenta actualmente un procedimiento administrativo porque permitió presiones del ex gobernador panista Javier Corral en el proceso penal que enfrentó la entonces candidata y actual gobernadora, María Eugenia Campos Galván, en el año 2021.

La magistrada desestimó que haya actos de amenaza o extorsión en contra de los jueces locales que fueron designados en un concurso de oposición abierto (CJE/002/2018) durante la gestión de la consejera de la Judicatura Luz Estela Castro Rodríguez, designada por Corral.

“Están tratando de generar conductas mediáticas para librarse de procesos administrativos, estamos cayendo en esta rutina patética de no poder seguir ningún procedimiento porque salimos inmediatamente, coincidentemente, en el mismo medio nacional, siempre en el mismo, señalados de persecución, asedio, y no sé qué más”, aseguró.

Myriam Hernández aseveró que nunca ha generado algún tipo de amenaza o algo parecido en contra de funcionarios judiciales y justificó que las denuncias por hostigamiento, acoso laboral e incluso extorsión que han hecho diferentes jueces locales que obtuvieron su plaza durante el quinquenio de Javier Corral, “son por estructuras conocidas y muy construidas de personas oportunistas”.

“Es evidente que hay gente que ha hecho mucho daño al Poder Judicial y que sigue tratando de meter las manos, no les parece que queramos poner orden y recuperar el camino que nos hicieron perder”, reprochó.

Al referirse al juez Samuel Uriel Mendoza indicó que “de corroborarse que se trate de esta persona, me reservo mi derecho legal, como particular y presidenta del TSJ, para ejercitar acciones legales que me corresponden por difamación, mentira y falsedad; es muy lamentable que quien se dice un profesional del derecho, recurra a esta clase de estrategias patéticas”.