Tras más de cuatro años de transmisión, se mantiene en el aire el culebrón protagonizado por Emilio Lozoya, cuando, desde mayo de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la respectiva orden de aprehensión y la Interpol emitió la ficha roja en contra del ex director de Petróleos Mexicanos, quien de pasadita arrastró en este merengue telenovelero a su madre y hermana. Cuatro años con cuatro meses y, si bien Lozoya está preso en el Reclusorio Norte desde noviembre de 2022, lo cierto es que bien a bien no se sabe si la prolongada transmisión de esta telenovela es resultado del ya tradicional tortuguismo de la FGR, de las “habilidades” de los abogados de Lozoya para retrasar y retrasar el proceso, de la connivencia de los “impartidores de justicia” involucrados en este caso o, de plano, una mezcla de todo ello, pero lo cierto es que el ex director de Pemex ha ido librando acusaciones y posponiendo su condena definitiva. Lo anterior, sin olvidar que en el gobierno peñanietista se tapó todo el cochinero, junto con el de Odebrecht.
Sobre lo más reciente, La Jornada (César Arellano García) nos ilustra, como siempre: el 31 de agosto, “Emilio Lozoya libró el proceso penal por el caso Agronitrogenados, pero sigue vigente el juicio de Odebrecht, debido a lo cual permanece en prisión preventiva justificada. El juez de control Genaro Gerardo Alarcón López ordenó ayer suspender el procedimiento luego de que los abogados argumentaron que los 216 millones de dólares que Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México, está pagando, cubren la reparación del daño”. Se trata de un fraude a la nación, cometido por Lozoya en contubernio con el mafioso Ancira, propietario de la ex paraestatal Altos Hornos de México (un regalo de Carlos Salinas de Gortari), quien, tras ser encarcelado, llegó a un acuerdo reparatorio con el gobierno federal: pagaría, en abonos, 216.6 millones de dólares por la ilegal compraventa de Agronitrogenados –en la que su “socio” directo fue Lozoya– y a cambio obtendría su libertad.
De acuerdo con el “impartidor de justicia”, aunque se trate de un fraude al Estado, si uno paga el otro queda libre, así de cuates, pero en el ilícito participaron los dos (Lozoya y Ancira); es decir, no se trata de que uno aporte el dinero y al otro alegremente se le exculpe. Y como dice el clásico, lo que no suena lógico suena a metálico, porque el juez Alarcón López “aplicó un criterio aislado del primer tribunal colegiado de Querétaro, a petición del abogado Alejandro Rojas Pruneda. El documento, publicado el viernes en el semanario judicial, señala que la celebración de acuerdos reparatorios por un procesado favorece al resto de coacusados que no pactaron”.
Pues bien, eso fue al cierre de agosto, pero parece que la FGR salió de su letargo y decidió apelar “la decisión de suspender el juicio en contra de Lozoya por el caso de Agronitrogenados; además, presentará un recurso de queja contra el juez Alarcón López, quien tomó esa resolución a la que el agente del Ministerio Público federal califica como ilícita, injusta y notoriamente parcial, pues violó de forma flagrante el Código Nacional de Procedimientos Penales, de los artículos 186 al 190, que regulan el proceso para los acuerdos reparatorios”, toda vez que “basó su decisión en una tesis aislada según la cual cuando una de las partes responde por la reparación de daños, los procesos contra los otros presuntos responsables del mismo hecho se suspenden” ( La Jornada, Eduardo Murillo).
Por si fuera poco, la FGR subraya que el gánster Alonso Ancira “no ha cumplido íntegramente con el acuerdo reparatorio, el cual no ha sido aceptado explícitamente por las víctimas, de la venta en un precio abusivo e ilegal de la planta industrial Agronitrogenados a Pemex, por lo que la determinación de Alarcón López violó también la Ley de Amparo dañando gravemente a las víctimas y dando una ventaja indebida al acusado”. Asimismo, “ignoró la acusación de que Ancira habría entregado a Lozoya un soborno de cerca de 4 millones de dólares (con el respectivo lavado). El letrado actuó ilegalmente al omitir su obligación indeclinable de fundar y motivar en la ley y en la jurisprudencia vigentes su acuerdo; el Código Nacional no establece, en modo alguno, que un convenio para uno de los imputados de un delito beneficie al resto de los involucrados” ( ídem).
Las rebanadas del pastel
Y después, hay quienes aseguran que no son necesarios ni urgentes los cambios de fondo en el Poder Judicial.
Twitter: @cafevega
