Grupos defensores de derechos humanos y familiares de Karime –presa desde hace 12 años en el penal de Santa Martha Acatitla– solicitarán al jefe de Gobierno, Martí Batres, que le conceda el indulto, lo que implicaría la absolución de la condena de 22 años de cárcel que le fue impuesta tras ser detenida de manera arbitraria y ser víctima de tortura.

Detallaron que por conducto de la plataforma change.org/Karime será libre, iniciaron una campaña para recolectar 150 mil firmas, a fin de hacer la petición formal, tras agotar todas las posibilidades legales para obtener su libertad.

Acompañada de la familia, Karla Salas, representante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, sostuvo que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó y emitió una recomendación por la tortura sufrida por Karime y su hija de apenas un año, luego de ser detenida por dos hombres vestidos de civil, que fueron identificados como policías judiciales.

Acusada de robo agravado a casa habitación, Karime fue detenida el 11 de abril de 2011 cuando se encontraba afuera de una tienda junto a su bebé y los sujetos la obligaron a subir a un vehículo sin identificación visible.

Víctimas de la corrupción

Durante siete horas fue interrogada, golpeada y torturada en una casa y después en una agencia del Ministerio Público, donde tras múltiples amenazas a su familia firmó dos hojas en blanco de tamaño oficio. “Después fue trasladada a un centro penitenciario de la Ciudad de México, donde ha permanecido encarcelada durante más de una década”, relató Salas.

Comentó que tanto Karime como su familia han sido víctimas de autoridades corruptas y abogados sin escrúpulos que cobraron sin proporcionar una defensa adecuada, agotando las posibilidades de impugnar la sentencia.

Su caso se hizo público en la serie documental Cartas para la Libertad –en la que su productora, Carmen Huete, retrata las historias de distintas mujeres presas–, e incluso fue retomado después de que el ministro Arturo Zaldívar visitó el reclusorio de Santa Martha Acatitla y se inició un programa de preliberación.

Sin embargo, optar por este proceso, aseguró su abogada, implica una serie de restricciones de lograr la libertad y el pago de medio millón de pesos por reparación del daño, recursos que no tiene la familia.

Verónica Toledo, madre de Karime, contó que no es la primera vez que acuden con Martí Batres, pues antes lo hicieron cuando fue senador y les ofreció ayuda por medio de un abogado, que al final no resolvió nada. “Le suplico, le pido que nos ayude porque él tiene ahora toda la facultad para hacerlo; él conoce el caso de mi hija y sabe que es inocente”.