Un tribunal colegiado ordenó al Ejército conservar los documentos relacionados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Lo anterior, al conceder la suspensión provisional en la demanda de amparo presentada por los padres de los estudiantes.

El recurso legal se originó por la falta de entrega de todos los reportes en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo cual incumple el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador del 4 de diciembre de 2018, mediante el cual se ordenó a todas las dependencias de la administración pública federal que colaboren con el esclarecimiento del caso.

Eso no se ha cumplido, de acuerdo con el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual señala que el Ejército “ha ocultado arbitrariamente un número todavía indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia”.

Hay indicios de que “su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala” y sobre todo para conocer la verdad de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, señala la información difundida ayer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Menciona que, el pasado 15 de agosto, los padres de los normalistas presentaron una demanda de amparo. Fue admitida en el juzgado quinto de distrito en materia de administrativa, el cual negó la suspensión provisional, por lo que, en segunda instancia, los promotores interpusieron un recurso de revisión.

Éste fue resuelto el viernes 1º de septiembre por el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito y concedió la suspensión provisional como parte del expediente 353/2023.

El tribunal colegiado consideró que “la sociedad está interesada en que se conozcan las circunstancias del acontecer nacional que pudieran redundar en violaciones graves a derechos fundamentales”, por lo que ordenó a las autoridades castrenses abstenerse de “destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar información” que los padres de los estudiantes desaparecidos identificaron en su demanda.

Los afectados señalan la responsabilidad, en la Sedena, del titular, así como del encargado del Estado Mayor, de la Jefatura y Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y del director del Centro Militar de Inteligencia, entre otros.