Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que apelará la decisión de suspender el juicio en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por el caso de Agronitrogenados, y que además presentará un recurso de queja contra el juez Gerardo Genaro Alarcón López, quien tomó esa resolución a la que Ministerio Público Federal califica como ilícita, injusta y notoriamente parcial.

La dependencia afirmó que esta decisión judicial violó de forma flagrante el Código Nacional de Procedimientos Penales, de los artículos 186 al 190 que regulan el proceso para los acuerdos reparatorios.

El juez basó su decisión en una tesis aislada según la cual cuando una de las partes responde por la reparación de daños, los procesos contra los otros presuntos responsables del mismo hecho se suspenden, lo que habría ocurrido en este caso desde el momento en el que el ex presidente de Altos Hornos de México y dueño original de Agronitrogenados, Alonso Ancira Elizondo, afirmó que reintegraría el dinero defraudado.

Por tratarse de una tesis aislada aprobada por un tribunal colegiado, el juez no estaba obligado a adoptar el mismo criterio jurídico.

“En su determinación se sustentó indebidamente una tesis aislada sobre delitos que son diferentes a los de este caso y la cual no genera derechos, al corresponder a un circuito judicial de Querétaro, que no es aplicable obligatoriamente en la Ciudad de México”, señala la Fiscalía.

Agrega que Ancira no ha cumplido íntegramente con el acuerdo reparatorio, el cual no “ha sido aceptado explícitamente por las víctimas, de la venta en un precio abusivo e ilegal de la planta industrial Agronitrogenados a Pemex”, por lo que la determinación del juez Alarcón López violó también la Ley de Amparo dañando gravemente a las víctimas y dando una ventaja indebida al acusado.

El juez también ignoró la acusación de que Ancira habría entregado a Lozoya un soborno de cerca de 4 millones de dólares, dinero que habría invertido para comprar una residencia de lujo en la capital del país, acciones que se tipifican como operación con recursos de procedencia ilícita.

“En cambio, el juez sí actuó ilegalmente al omitir su obligación indeclinable de fundar y motivar en la ley y en la jurisprudencia vigentes su acuerdo, ya que los artículos correspondientes del Código Nacional no establecen, en modo alguno, que un convenio para uno de los imputados de un delito les beneficie al resto de los involucrados”, subraya la Fiscalía.