Más de 700 docentes, escritores e investigadores de centros académicos de América latina, Estados Unidos, Canadá, Europa y África condenaron el lunes el cierre y confiscación de la jesuita Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA) por parte del gobierno de Daniel Ortega el mes pasado.

En una carta pública divulgada a la prensa, sus 728 firmantes rechazaron “enérgicamente la campaña de acoso y criminalización” que culminó “con el cierre y confiscación” de la UCA, ordenado el pasado 16 de agosto por el gobierno sandinista, que la convirtió en una universidad estatal tras acusarla de ser “un centro de terrorismo”.

Los académicos destacaron que la UCA, la primera universidad privada fundada en Centroamérica (en 1960), “formó a miles de profesionales en las distintas disciplinas y especialidades”, además de que “mantuvo una sostenida proyección y compromiso social e impulsó importantes labores de investigación científica”.

Los firmantes, entre los que figuran la escritora estadunidense Margareth Randall, el profesor y teólogo Paul DeHart, el catedrático brasileño Clifford Andrew Welch y el exrector nicaragüense Ernesto Medina, expresaron su apoyo a las autoridades de la universidad, a la Compañía de Jesús y a sus docentes y estudiantes. Llamaron a las instituciones académicas de la región y del mundo “a manifestar su solidaridad activa” con la UCA.

Desde diciembre de 2021, al menos 26 universidades han sido cerradas y sus bienes fueron incautados por orden del gobierno de Ortega con un proceder similar. Siete de ellas extranjeras.

Indicaron que desde 2018, cuando estalló una rebelión estudiantil en Nicaragua, la UCA “ha sufrido sistemáticas campañas de desprestigio”, así como “ataques a sus instalaciones físicas” y el destierro de su rector y vicerrector, los jesuitas José Idiáquez y Jorge Huete, además de constantes reducciones de presupuesto, indicaron.

Ortega calificó la revuelta social como un “fallido golpe de Estado” y acusó a la Iglesia católica de promoverlo, junto con la oposición política y el gobierno de Estados Unidos. Ello dio pie a crecientes tensiones y al encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, preso y condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel en febrero pasado.

El cierre de la UCA es una “medida arbitraria” y una “clara manifestación de desprecio hacia las libertades, la educación de calidad, el pensamiento crítico y los valores” que esa universidad promovía, señaló la carta, suscrita por académicos e intelectuales “comprometidos con el derecho a la educación y la libertad de cátedra”.

Consultada por AP, la escritora y traductora británica Helen Dixon, otra de las firmantes de la carta, dijo que la desaparición de la UCA provocó estupor en el mundo académico europeo, que “no puede creer que un gobierno pueda tomar por asalto las instalaciones de una universidad”.

Dixon, docente del Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex, agregó que Ortega busca “suprimir cualquier forma de pensamiento crítico” mediante el control de la educación. “Es una barbaridad, una violación tremendamente profunda de la vida intelectual y de la memoria de un país”, aseveró la escritora, que impartió clases en la UCA en Managua durante la década de 1980.

Opinó que “el régimen de Nicaragua es una dictadura cada vez más evidente”, y pidió a “los gobiernos del mundo suspender sus relaciones comerciales y aplicar sanciones fuertes” contra la administración de Ortega.

Nicaragua vive una grave crisis desde el estallido de las protestas de 2018, donde la represión de policías y paramilitares causó al menos 355 muertos, más de 2 mil heridos y unos 10 mil exiliados en los meses siguientes a la revuelta, según organismos de derechos humanos.