De 984 personas en prisión preventiva encuestadas en centros penitenciarios de la Ciudad de México, 74 por ciento señalaron que sí tendrían intención de votar en el próximo proceso electoral, indica el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de las personas en prisión preventiva en la capital.
Para la elaboración del informe se tomaron en cuenta diversos centros penitenciarios, como el Reclusorio Oriente y el centro femenil de Santa Martha Acatitla. Del total de personas encuestadas, 65 por ciento dijeron desconocer que tienen derecho a votar, mientras 28 por ciento contestaron que lo saben.
Aun cuando entre esta población existe el interés de votar, 74 por ciento declaró tener la intención de votar en las próximas elecciones, 12.7 por ciento no lo haría y 9.6 por ciento sabe e identifica que cuenta con los mismos derechos. Del total de encuestados, sólo 48.4 por ciento cuentan con credencial de elector vigente.
Además, 15.6 por ciento dijeron que tomarían cursos o talleres relacionados con sus derechos político-electorales, y creen pertinente, para poder ejercer su derecho al voto, el acceso a la información. Las personas encuestadas también señalaron que además de contar con su credencial de elector, es necesario tener las condiciones necesarias para el ejercicio del voto en las próximas elecciones.
De acuerdo con el Instituto Electoral local, en la capital del país hay 7 mil 111 personas en prisión preventiva que podrían participar en el proceso electoral.
Al hablar sobre el diagnóstico, el jefe de la División de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Julio César Ponce Quitzamán, consideró que es un instrumento revelador porque ayuda a visibilizar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, electorales y los derechos humanos de las personas en prisión preventiva, lo que permitirá a este sector saber que aún conservan sus derechos y que pueden sufragar en los procesos electorales.
De acuerdo con autoridades de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, los servidores públicos “están en la mayor disponibilidad para garantizar el derecho a votar de las personas en prisión preventiva.
