Organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de Karime -quien se encuentra presa desde hace 13 años en Santa Martha Acatitla-, solicitarán al jefe de Gobierno, Martí Batres, le conceda el indulto, lo que implicaría la absolución de la condena de 22 años de cárcel a la que fue sometida tras ser detenida de manera arbitraria y ser víctima de tortura.

En conferencia de prensa, detallaron que a través de Change.org/Karime será libre, iniciaron una campaña para recolectar 150 mil firmas, para hacer la petición formal, tras agotar todas las posibilidades legales para obtener su libertad.

Acompañada de la familia, Karla Michel Salas, representante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, sostuvo que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó y emitió una recomendación por la tortura sufrida por Karime y su hija de apenas un año, luego de ser detenida por dos hombres vestidos de civil, que posteriormente fueron identificados como policías judiciales.

Acusada de robo agravado a casa habitación, ilícito que se reportó dos años antes, Karime fue detenida el 11 de abril de 2011 cuando se encontraba afuera de una tienda junto a su bebé y la obligaron a subir a un vehículo sin identificación visible.

Durante siete horas fue interrogada, golpeada y torturada en una casa y después en una agencia del Ministerio Público, donde tras múltiples amenazas hacia su familia firmó dos hojas en blanco de tamaño oficio.

“Horas después fue trasladada a un centro penitenciario de la Ciudad de México, donde ha permanecido encarcelada durante más de una década”, relató.

Comentó que tanto ella como su familia han sido víctimas de autoridades corruptas y abogados sin escrúpulos que cobraron sin proporcionar una defensa adecuada, agotando las posibilidades de impugnar la sentencia injusta.

Dijo que su caso incluso fue retomado después de que el ministro Arturo Zaldívar, visitara el reclusorio de Santa Martha Acatitla y se iniciará un programa de preliberación para las mujeres.

“Por los años que ha estado en la cárcel, se puede solicitar la preliberación, pero implica una serie de restricciones y el pago de medio millón de pesos, recursos que no tiene la familia. Este es un ejemplo de que no basta con poner un abogado”, expresó.

Indicó que con el indulto la libertad sería absoluta y ya no tendría que pagar la reparación del daño.