Los 23 mil mensajes de texto de conversaciones interceptadas a distintos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, entregados al gobierno mexicano por la DEA el año pasado, muestran sobre todo el nivel de involucramiento de elementos del Ejército en el caso Ayotzinapa y refuerza la exigencia de que entregue todos los documentos que tiene y que serían vitales para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, aseveró Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Luego de que ayer el periódico The New York Times reveló parte del contenido de los mensajes, al igual que declaraciones de testigos y documentos de investigación, con los que se confirma que “todas las ramas de gobierno en esa zona del sur de México llevaban meses trabajando para el grupo delictivo en secreto”, Aguirre señaló que algunas de las conversaciones se utilizaron para acusar a los militares que han sido procesados, entre ellos el general en retiro Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala.

Indicó que en los textos se menciona por apellido a este general, “que fue acusado pero que acaba de recibir –la semana pasada–, por intermediación de la Guardia Nacional, un beneficio de prisión domiciliaria muy inusual”.

Las comunicaciones fueron interceptadas en 2014 en el curso de una investigación de las autoridades de Estados Unidos por el trasiego de droga en autobuses hacia ese país. Según el periódico estadunidense, durante años México trató de acceder a ellas, pero las autoridades las entregaron apenas en 2022, “debido a una persistente desconfianza en el gobierno mexicano”.

La investigación del New York Times agrega que “militares que monitoreaban de cerca el secuestro, pero nunca acudieron a socorrer a los estudiantes, también habían recibido sobornos del cártel”. En los mensajes de texto, “los traficantes y sus colaboradores se quejaban de la insaciable codicia de los soldados”, y que “los tenían ‘en la bolsa’”.

Además, un teniente “armó a sicarios vinculados al cártel y, según un testigo, ayudó a la policía a intentar ocultar su participación en el crimen”.

El Ejército “recibió actualizaciones constantes” sobre la desaparición de los jóvenes y espiaba “a un líder del cártel y un comandante de policía que discutían adónde iban a llevar a los estudiantes”, esto a través del malware Pegasus, según el reportaje.

Se expone que comandantes de policía habían estado obedeciendo órdenes directas de los narcotraficantes desde meses antes de los hechos. Entre los coptados también estaban un socorrista y un forense, y que “tras el asesinato de algunos de los estudiantes, los traficantes incineraron los cuerpos en un crematorio propiedad de la familia” de éste.

En entrevista con La Jornada, Aguirre aseveró que los abogados de los familiares de los estudiantes ya conocían estos mensajes “en ejercicio de la coadyuvancia”.

Destacó que a punto de cumplirse nueve años de la desaparición de los jóvenes, los padres y madres están en espera de que les confirmen una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por otra parte, en redes sociales, familiares de los normalistas alertaron sobre la difusión de dichos del ex coordinador de la Policía Comunitaria de la CRAC-PC de Guerrero, Eliseo Villar Castillo, sobre la posible ubicación de los restos de los jóvenes, ya que desde hace cuatro años que se investigó “resultaron falsos”.