En un escenario de contiendas políticas adelantadas, focos rojos en materia de seguridad en buena parte del país y de división al interior del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), el próximo jueves 7 de septiembre iniciará formalmente el proceso electoral 2023-2024.

Ante ello, el árbitro tiene el reto de elevar la participación ciudadana y blindar los votos de distintas amenazas.

De igual forma, deberá identificar los posibles ‘nudos’ en la “cadena de custodia” de millones de sufragios que se depositarán para decidir poco más de 21 mil cargos de elección popular.

Si bien al INE solo le corresponde la organización de las elecciones federales, tiene también responsabilidad en el resto, en su carácter de mando del Sistema Nacional Electoral que el año entrante se pondrá a prueba, en su primera década de existencia.

Por lo pronto, más que declarar si la del 2 de junio será la elección “más grande de la historia”, el objetivo de las autoridades es que la gente sí vaya a las casillas y que las boletas lleguen sin contratiempos a cada una de las mesas receptoras.

De igual forma, colocar la estructura para que los votos sean contados y trasladados a cada una de las 300 bodegas distritales que para entonces ya estarán bajo custodia de las fuerzas armadas.

La llamada “maquinaria electoral” deberá alistarse para convocar a 98 millones de personas, proyección del tamaño del padrón electoral el año entrante, aun cuando según las cifras oficiales del INE en México 35 por ciento de las y los ciudadanos con credencial de elector no ejercen su derecho al voto.

Las áreas medulares del organismo tienen la misión de instalar y operar alrededor de 170 mil casillas a cargo de ciudadanos previamente capacitados, y garantizar a los mexicanos el ejercicio de sus derechos políticos a través de elecciones de calidad.

PROCESOS INÉDITOS

El escenario para el proceso 2023-2024 es inédito por varios factores; primero, porque habrá elecciones federales y locales en todo el país y, además, porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE generar lineamientos para regular los “procesos internos”, nombre que se le dio a las estrategias anticipadas de los dos bloques partidistas, para nombrar a sus virtuales candidatos a la Presidencia de la República.

Una mayoría de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF determinó que las acciones de estas coaliciones se ampararon en el derecho de auto-organización de los partidos y, además, porque la cultura política del país así es: ninguna fuerza política se espera a los 60 días de precampaña para decidir quiénes serán sus liderazgos y futuros candidatos presidenciales, como lo aceptó en reciente entrevista el magistrado presidente, Reyes Rodríguez.

Ante estos episodios adelantados, sólo la magistrada Janine Otálora advirtió puntual que ello constituía un “fraude a la ley”, por lo que era necesario suspender absolutamente todos los acuerdos de Morena y aliados, así como los del PAN, PRI y PRD, promotores del Frente Amplio por México.

Sin embargo, Otálora quedó en solitario y se ratificó la orden al INE para elaborar los citados lineamientos e iniciar la fiscalización de los gastos de los bloques políticos, aun cuando al mismo tiempo el organismo atendía un alud de denuncias por presuntos actos anticipados de campaña (de enero a agosto del año en curso el INE recibió 506 denuncias tan solo por esa causa), más las que se acumulen de aquí al inicio de las precampañas, que será la primera semana de noviembre.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Históricamente, las elecciones generales (presidencial más la renovación del Congreso de la Unión) han tenido un nivel de participación mayor en comparación con las intermedias (elección solo diputados federales).

El máximo nivel de concurrencia a las urnas, desde la creación del entonces Instituto Federal Electoral, ocurrió en las generales de 1994, -año convulso, con el asesinato del candidato presidencial del PRI y el levantamiento zapatista- con una participación ciudadana promedio de 77.16 por ciento.

Si bien a nivel estatal o municipal ha habido sorpresas, el citado rango significó para entonces que 35.2 millones de electores fueran a las urnas, de una lista nominal de 45.7 millones.

Tras ese ascenso, registrado hace 29 años, no se ha vuelto a arañar, desde entonces, un porcentaje así a nivel nacional.

En 1997 (intermedia) la participación fue de 57.6 por ciento; en el 2000 (general), 63.9; tres años después, 41.3, y en 2006, 58.55 por ciento.

Para 2009 cayó a 44.7; en 2012, 63 por ciento; 2015, 47.7, y en 2018, la más reciente presidencial, fue de 62.6 por ciento, respecto de un padrón de 89.2 millones de ciudadanos (una cuarta parte del padrón eran jóvenes).

Para la elección intermedia de 2021, de una lista nominal de 93.3 millones, votaron 49.1 millones, esto es, el 52.66 por ciento.

Los niveles varían según la entidad federativa. Por ejemplo, en la presidencial de 2018, Yucatán tuvo el máximo nivel con 75.8 por ciento, seguido del Distrito Federal, con 70 por ciento, mientras que el más bajo se ubicó en Sonora, con 52.1 por ciento, y Baja California con 52.8 por ciento.

Especialistas coinciden en que después de la reforma electoral de 2014 hay una tendencia al alza en la participación, pues mientras en 1991 solamente en 9 entidades federativas coincidieron con las elecciones federales, en 2018 la cifra aumentó a 30 “y la participación ciudadana tuvo un impulso, por lo que puede señalarse que la concurrencia electoral es un fenómeno que ha llegado para quedarse”, se indica en el texto de Cornelio Martínez, Israel Palazuelos y Marco Antonio García, “Elecciones concurrentes y participación electoral en México, 1991-2018”, divulgado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En cuanto a otras elecciones y consultas recientes, la participación ha sido marcadamente inferior; por ejemplo, en la consulta popular de 2021 fue de 7.1 por ciento; en la revocación de mandato (abril 2022), 17.7 por ciento y en la extraordinaria de una senaduría en Tamaulipas, 21.9 por ciento.

LA JORNADA ELECTORAL

Si en 2018 estuvieron en disputa 18 mil 299 cargos (629 federales y el resto locales), para 2024 serán igualmente 629 federales (la Presidencia de la República, 500 diputaciones y 128 senadurías) pero 19 mil 605 locales, incluidas nueve gubernaturas (Ciudad de México –jefatura de gobierno-; Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán).

También: mil 98 diputaciones locales; mil 803 presidencias municipales; mil 786 posiciones de ayuntamientos; mil 973 sindicaturas; 14 mil 170 regidurías; 16 alcaldías (Ciudad de México); 166 concejalías (Ciudad de México); 22 juntas municipales en Campeche y 299 presidencias de comunidades en Tlaxcala.

METAS

El director jurídico del INE, Hugo Patlán subraya la importancia de alentar la participación ciudadana en general, así como la acción política de las mujeres; mientras que en 1991 sólo había 8.8 por ciento de legisladoras, actualmente hay paridad total (50-50).

Asimismo, indica, el INE tiene la obligación y el compromiso de alentar la participación de grupos vulnerables o históricamente discriminados.

Para el funcionario, resulta fundamental avanzar en la progresividad de los derechos político-electorales como el voto de los mexicanos en el extranjero, en sus tres modalidades: postal, electrónico y presencial - el cual será ahora en 23 sedes, incluidas las ciudades Madrid y París-.

También otra modalidad es el voto en prisión preventiva que será vinculante.

EL CRIMEN

La magistrada Otálora alertó durante una ponencia sobre los retos del proceso electoral en puerta, que es “sumamente grave” la división política y la polarización del país, así como la fuerza del crimen organizado en la definición de candidaturas.

“Estas divisiones políticas sí pueden llegar a comprometer la estabilidad de nuestra democracia”, y en cuanto al tema de la seguridad, sostuvo que si antes se tenían ubicados los territorios peligrosos, como Michoacán o Guerrero, ahora son “muchísimas” las zonas que hoy en día son foco rojo.

“La actuación del INE alcanza hasta lo que da para una autoridad administrativa que no tiene fuerza, para efectos de combatir la inseguridad; genera condiciones de seguridad con autoridades que sí tienen esa responsabilidad y elementos para afrontarla”, señaló a su vez Patlán.

MAQUINARIA ELECTORAL

Con sus 17 mil trabajadores permanentes –más un número todavía no determinado de eventuales- el INE tiene frente a sí, desde la apertura del proceso electoral, 612 tareas específicas y un abultado calendario de actividades.

Es decir, el organismo debe trabajar al mismo tiempo por distintas vías: mientras Fiscalización hace investigación y números sobre los gastos de los contendientes, la unidad de lo Contencioso debe integrar cientos de expedientes para enviar al Tribunal Electoral.

En tanto, las áreas administrativas, técnicas y consejerías, deben definir los pormenores lo mismo de los debates presidenciales que preparar los documentos y materiales electorales (se fabricarán 312 millones de boletas tan solo para los comicios federales); revisar los mecanismos de votación y los sistemas de información e infraestructura tecnológica.

A la vez, coordinarse con los Organismos Públicos Locales (Oples), y compartir procesos y tecnología (pues el INE será el encargado de organizar, por ejemplo, los conteos rápidos de las nueve elecciones de gubernatura).

De manera paralela corren también las quejas y denuncias, y la organización del voto de 98 millones de personas, aun cuando acudieran a votar solo unos cuantos, lo que significa insacular a 1.5 millones de ciudadanos – y capacitar a quienes acepten participar-; mantener a la perfección los 843 módulos de atención ciudadana (donde se tramitan las credenciales para votar, que es además el principal medio de identificación en el país) y alentar la fabricación de urnas electrónicas.

¿INE DIVIDIDO?

Además de las novedades propias del proceso 2023-2024, la integración del consejo general del INE, con la inclusión de cuatro consejerías en abril pasado, incluida la presidenta, Guadalupe Taddei, marcó un escenario sin precedente, no solo en cuestiones de paridad (ahora hay seis consejeras y cinco consejeros) sino que en cinco meses, ocho de 18 asientos de la Junta General Ejecutiva, integrada con los principales funcionarios del organismo, operan con encargados de despacho.

A saber: las direcciones ejecutivas de Administración; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral Nacional, y la de Capacitación y Educación Cívica; las unidades técnicas de Fiscalización, y de Datos Personales y Transparencia; la dirección jurídica, y la coordinación nacional de Comunicación Social.

Una identificada mayoría de seis consejeros suele votar en bloque contra los cinco restantes; así ocurrió para oponerse las propuestas de Taddei para la secretaría Ejecutiva: Flavio Cienfuegos, actual jefe de la oficina de la Presidencia, y Adriana Favela, ex consejera del INE.

Por tanto, hasta el momento se encuentra en el puesto número dos en el INE, María Elena Cornejo, como encargada de despacho, quien si bien es una persona con 33 años de experiencia electoral, ha recibido por parte de algunos de sus colegas desde indiferencia y hasta burlas, por algunos traspiés en la conducción inicial de las sesiones.

“No se le ha permitido, como a su antecesor, Edmundo Jacobo, tener una curva de aprendizaje. Sin embargo, Cornejo aprende muy rápido y es institucional”, justificó una fuente del consejo.

Otras personas a las que se le pidió su opinión sobre esta notoria división en el máximo órgano de decisión, prefieren no hacer declaraciones públicas y aparentar que todo está bien en el INE.

Así, apenas hace unas semanas renunció a la importante dirección de Administración, Ignacio Ruelas Olvera, supuestamente por problemas de salud, aunque en una declaración a un periódico de Aguascalientes deslizó que recibió presiones.

Mientras tanto, en unos cuantos días, luego del inicio del proceso electoral, serán renovadas las comisiones del INE, encabezadas por los consejeros; pero hasta el momento no hay en perspectiva ni siquiera un tentativo acuerdo para que permitan a la consejera presidenta, Taddei, colocar a la persona que es su brazo derecho (secretaría ejecutiva), ni a los titulares de las direcciones que hasta la fecha tienen solo encargados de despacho.