De qué otra forma podría calificar doña Rosalía Soriano la actuación del juez Emanuel Reyna Vélez, quien dictó sentencia absolutoria al autor intelectual de la desaparición y asesinato de su hijo Arnulfo Cerón Soriano, defensor comunitario de la Montaña de Guerrero. Desde hace cuatro años aguardó pacientemente la decisión final del juez, creyendo que aplicaría la justicia del gobierno en favor de Arnulfo y su familia. Sucedió todo lo contrario, prevaleció la impunidad en beneficio de Marco Antonio García, quien fungió de facto el cargo de presidente municipal de Tlapa. Tuvo el poder económico para contratar un equipo de abogados y asesores, que en todo momento accedieron al expediente de su defendido. Persuadieron a los funcionarios del Poder Judicial y a los jueces de que su cliente era inocente.

El pasado 29 de agosto, en la víspera del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el juez de enjuiciamiento penal con sede en Tlapa dictó el fallo en favor de Marco Antonio. Argumentó que el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes para demostrar que el autor intelectual ordenó la desaparición y asesinato del defensor indígena. Trivializó la declaración de Arnulfo, quien semanas antes de su desaparición denunció que había recibido amenazas de Marco Antonio y lo responsabilizó de lo que pudiera sucederle. El juez ignoró esa prueba y los señalamientos directos de testigos e imputados.

En etapas previas al juicio, los jueces de control cedieron a las solicitudes de la defensa de Marco Antonio para cambiar las medidas cautelares. Con el argumento de que el procesado podía contagiarse de covid-19 en la cárcel de Tlapa, el juez de control autorizó el cambio de prisión preventiva por prisión domiciliaria. Fue evidente que el poder económico del acusado tuvo mucho peso para inclinar la balanza en su provecho. Esta determinación truculenta le costó el cargo al juez sin que prosperara la medida cautelar. Posteriormente otro magistrado le otorgó la medida de libertad, sin tomar en cuenta la gravedad del delito. Este beneficio allanó el camino al procesado que con su dinero influyó en las declaraciones de los testigos. Varios fueron amedrentados, a otros les ofrecieron dinero a cambio de que no declararan. La esposa del defensor fue visitada por mensajeros del acusado quienes le advirtieron que su tranquilidad y prosperidad dependían de su silencio o inacción en el proceso.

“Ya no le muevas”, fue la orden que mandó a decir el señor García, el cual también ofreció dinero si se alineaba a los planes de su defensa. La dignidad y la exigencia de justicia de la esposa de Arnulfo fueron inconmovibles. A pesar de su situación precaria y su extrema vulnerabilidad, doña Gaby se sobrepuso al dolor y al miedo para poner a salvo a sus hijas. Ante la presión constante huyó de Tlapa. Deambuló en busca de un lugar seguro. El temor de sufrir una agresión fue mayor por el abandono en que se encontraba. Sus dos hijas truncaron sus estudios y resintieron más el trauma de la desaparición y el asesinato de su papá. Hasta la fecha temen que su mamá sea víctima de alguna agresión. Los riesgos fueron recurrentes, sobre todo cuando tenía que viajar para acudir al juzgado. Los jueces ignoraron el drama que turbaba su mente. No dimensionaron el daño sicológico que causó estragos en la vida familiar. Su postura facciosa revictimizó a la esposa e hijas del defensor comunitario.

La unidad de medidas cautelares fue condescendiente con el procesado. Toleró sus movimientos, a pesar de las restricciones que le dictaron, de permanecer en la ciudad de Tlapa. En las redes sociales aparecía apadrinando jaripeos y presidiendo reuniones con fines electorales.

El fallo absolutorio es una señal funesta de un juez que se confabuló con la defensa para cambiar al asesor jurídico y colocar en su lugar a una asesora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que ignoró varios medios de prueba de los testigos de la víctima y se encargó de presionar a la esposa de Arnulfo para infundirle miedo e inseguridad a su testimonio. La complicación de su salud impidió que rindiera su declaración en el juicio oral.

La exigencia de un juicio justo no fue atendida por el Poder Judicial. El mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado comentó a la dirigencia del Frente Popular de la Montaña que Marco Antonio era inocente, porque no se encontraba en Tlapa cuando supuestamente amenazó a Arnulfo. Vislumbró la línea que se tenía proyectada en la sentencia absolutoria. La multiplicidad de amenazas que enfrentaron con Arnulfo cuando bloqueaban las vías de comunicación no fueron relevantes para los jueces; por el contrario, criminalizaron sus acciones y estigmatizaron su trayectoria como un provocador y malhechor.

La delincuencia se coludió con Marco Antonio. Previamente amenazaron a una compañera de la organización para que se encargara de sacar a Arnulfo de su domicilio. Ante el temor de que la mataran no tuvo otra opción que entregarlo. Varios sicarios se lo llevaron a una casa de seguridad donde lo torturaron, al asfixiarlo colocándole una cinta canela en toda la cara. La misma noche del 11 de octubre que lo desaparecieron, lo enterraron en una fosa clandestina en la periferia de Tlapa. Una máquina del grupo delincuencial hizo la excavación para aventar el cuerpo del defensor a 3 metros de profundidad. Al cubrirlo con toneladas de tierra, el maquinista trabajó varias horas para trazar una calle que formaba parte de unos lotes en venta.

Doña Rosalía, de 82 años, perdió a su hijo Arnulfo por defender los derechos de los indígenas. Seguirá confinada en su casa derruida para recordar los momentos felices que vivió con su hijo y su familia. Caminará sola en los cerros donde Arnulfo la acompañaba para cortar leña. Escuchó la noticia que el rico de la cañada quedó libre. Indignada por el fallo, espetó: “Para los pobres, la justicia es ruin”.

* Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan