Ciudad de México. En un escenario de contiendas políticas adelantadas, focos rojos en materia de seguridad en buena parte del país y de división en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el próximo jueves 7 de septiembre comenzará formalmente el proceso electoral 2023-2024. Ante ello, el árbitro tiene los retos de elevar la participación ciudadana y blindar los votos ante distintas amenazas.

De igual forma, deberá identificar los posibles “nudos” en la “cadena de custodia” de millones de sufragios que serán emitidos para decidir poco más de 21 mil cargos de elección popular.

Si bien al INE sólo le corresponde la organización de las elecciones federales, tiene también ciertas responsabilidades en el resto, en su carácter de mando del Sistema Nacional Electoral, que el año entrante se pondrá a prueba, en su primera década de existencia.

Por lo pronto, más que declarar si la del 2 de junio será la elección “más grande de la historia”, el propósito de las autoridades es que la gente vaya a las casillas y las boletas lleguen sin contratiempos a las mesas receptoras, para llevarlas a bodegas custodiadas por las fuerzas armadas.

La llamada “maquinaria electoral” deberá alistarse para convocar a 98 millones de personas, proyección del tamaño del padrón electoral el año entrante, aun cuando –según cifras oficiales del INE– en México 35 por ciento de ciudadanos con credencial de elector no ejercen su derecho al voto.

Áreas medulares

Las áreas medulares del organismo tienen la misión de instalar y operar alrededor de 170 mil casillas a cargo de ciudadanos previamente capacitados, así como garantizar a los mexicanos el ejercicio de sus derechos políticos con elecciones de calidad.

El escenario para el proceso 2023-2024 es inédito por varios factores: primero, porque habrá elecciones federales y locales en todo el país, en las 32 entidades; además, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE generar lineamientos para regular los “procesos internos”, nombre que se le dio a las estrategias anticipadas de los dos bloques partidistas para nombrar a sus virtuales candidatos a la Presidencia de la República.

La mayoría de los magistrados de la sala superior del TEPJF determinó que las acciones de estas coaliciones se ampararon en el derecho de autorganización de los partidos y, además, porque la cultura política del país así es: ninguna fuerza política se espera a los 60 días de precampaña para decidir quiénes serán sus liderazgos y futuros candidatos presidenciales, como declaró en entrevista el magistrado presidente, Reyes Rodríguez.

Ante estos episodios adelantados, la magistrada Janine Otálora advirtió puntual que éstos constituían “fraude a la ley”, por lo que era necesario suspender absolutamente todos los acuerdos de Morena y aliados, así como los del PAN, PRI y PRD, promotores del Frente Amplio por México.

Sin embargo, Otálora quedó en solitario y se ratificó la orden al INE para elaborar los citados lineamientos e iniciar la respectiva fiscalización. Al mismo tiempo, el organismo ya atendía un alud de denuncias por presuntos actos anticipados de campaña (de enero a agosto de este año, el INE recibió 506 denuncias sólo por esa causa), más las que se acumulen de aquí al comienzo de las precampañas, que será la primera semana de noviembre.

Participación

Históricamente, las elecciones generales (la presidencial más la renovación del Congreso de la Unión) han tenido mayor nivel de participación que las intermedias (en las que se vota sólo por diputados federales).

El máximo nivel de concurrencia a las urnas, desde la creación del entonces Instituto Federal Electoral, ocurrió en las generales de 1994 (año convulso, con el asesinato del candidato presidencial del PRI y el levantamiento zapatista) con participación ciudadana promedio de 77.16 por ciento.

Tras el ascenso, registrado hace 29 años, no se ha vuelto a arañar, desde entonces, un porcentaje así a escala nacional.

En la intermedia de 1997, la participación fue de 57.6 por ciento; en la general de 2000, de 63.9; tres años después fue de 41.3 y de 58.55 por ciento en 2006.

Para 2009 cayó a 44.7; en 2012, 63 por ciento; 2015, 47.7, y en 2018, la presidencial más reciente, fue de 62.6 por ciento, con un padrón de 89.2 millones de ciudadanos.

Para la elección intermedia de 2021, de una lista nominal de 93.3 millones, votaron 49.1 millones, esto es, 52.66 por ciento.

En cuanto a otras elecciones y consultas recientes, la participación ha sido marcadamente inferior: en la consulta popular de 2021 fue de 7.1 por ciento; en la revocación de mandato (abril de 2022), de 17.7, y en la extraordinaria de una senaduría en Tamaulipas, 21.9 por ciento.

Nuevas estrategias

Si en 2018 estuvieron en disputa 18 mil 299 cargos (629 federales y el resto locales), para 2024 serán igualmente 629 federales (la Presidencia de la República, 500 diputaciones y 128 senadurías), pero 19 mil 605 locales, incluidas nueve gubernaturas (Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán).

También mil 98 diputaciones locales, mil 803 presidencias municipales, mil 786 posiciones de ayuntamientos, mil 973 sindicaturas, 14 mil 170 regidurías, 16 alcaldías y 166 concejalías (Ciudad de México), 22 juntas municipales en Campeche y 299 presidencias de comunidades en Tlaxcala.

Hay otros retos logísticos, que son el voto anticipado para personas impedidas físicamente de ir a una casilla, así como para mexicanos residentes en el extranjero (la modalidad presencial será ahora en 23 sedes, incluidas las ciudades de Madrid y París) y en prisión preventiva, que se pretende aplicar por primera vez en todas las cárceles del país.

El crimen organizado

En una ponencia sobre los retos del proceso electoral en puerta, la magistrada Otálora alertó que es “sumamente grave” la división política y la polarización del país, así como la fuerza del crimen organizado en la definición de candidaturas.

“Estas divisiones políticas sí pueden llegar a comprometer la estabilidad de nuestra democracia”, sostuvo. En cuanto a la seguridad, sostuvo que si antes se tenían ubicados los territorios peligrosos, como Michoacán o Guerrero, ahora son “muchísimas” las zonas que hoy en día son foco rojo.

Autoridades del INE subrayaron que toca a las autoridades de los tres niveles de gobierno atender este problema y al organismo sólo corresponde instaurar una sólida coordinación y comunicación con aquéllas.

Maquinaria electoral

El INE delineó 612 tareas en su calendario: a la par de fiscalizar gastos de los contendientes, debe supervisar la producción de los materiales electorales (sólo para comicios federales se imprimirán 312 millones de boletas) y preparar los sistemas informáticos para conteos rápidos y resultados preliminares. También estudiar el terreno para la instalar las casillas, ubicar a los potenciales funcionarios de casilla (1.5 millones) y capacitarlos, no reducir la capacidad instalada ni los servicios de los 843 módulos de atención ciudadana y mantener actualizado el padrón.

¿Instituto dividido?

En abril pasado se integraron al INE cuatro consejeros, pero en pocos días se puso en evidencia que la presidenta Guadalupe Taddei no contaba con el apoyo de todos sus colegas, al grado de que no le aprobaron sus propuestas para ocupar las principales áreas ejecutivas y técnicas del instituto.

Cinco meses después, ocho de los 18 puestos de mando de la Junta General Ejecutiva del organismo operan todavía con encargados de despacho: las direcciones de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral Nacional, y de Capacitación y Educación Cívica. También las unidades técnicas de Fiscalización y de Datos Personales y Transparencia, así como la dirección jurídica y la coordinación nacional de Comunicación Social. Tampoco admitieron sus propuestas para la secretaría ejecutiva, puesto que en los hechos es el brazo derecho de la presidencia del consejo, por lo que hasta ahora sigue en esa importante función una designación provisional.

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