Guatemala. Miles de guatemaltecos acudieron al llamado del presidente electo Bernardo Arévalo y se manifestaron pacíficamente ayer en las calles de esta capital en contra de la fiscal general, Consuelo Porras, y los intentos por impedir que el líder progresista asuma el poder el próximo 14 de enero.

Ondeando banderas del país, los manifestantes gritaron consignas frente al Palacio Nacional en la Plaza Constitución exigiendo la renuncia de Porras, a quien Arévalo responsabilizó de encabezar y fraguar “un golpe de Estado” en su contra y de la persecución judicial a miembros de su partido Movimiento Semilla, que lo llevó a ganar la presidencia en una segunda vuelta electoral el pasado 20 de agosto.

“Un caso fabricado, más falso que el doctorado”, gritaban algunos manifestantes en relación a la investigación contra Semilla y a las acusaciones de que Porras tiene un certificado plagiado de doctorado. “¡Renuncia ya!”, exigían.

En la víspera también se entregó en la fiscalía una lista ciudadana de más de 100 mil firmas recolectadas mediante una petición digital para exigir la renuncia de la fiscal general.

El organismo que dirige Porras –sancionada por el gobierno estadunidense por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia en el país– y por conducto de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y su titular, Rafael Curruchiche, comenzó una pesquisa contra Semilla por presuntamente haber falsificado firmas para conformarse como partido en 2018.

La denuncia pasó meses sin ser investigada hasta que Arévalo pasó a la segunda vuelta electoral. Fue cuando la fiscalía aceleró sus acciones y las encaminó contra Semilla, logrando que un juez ordenara suspender la personalidad jurídica del instituto político con el fin de que no pudiese participar en el balotaje.

Arévalo ha ofrecido en su campaña terminar con los delitos de los funcionarios públicos y el uso de la fiscalía con fines políticos.

La Corte de Constitucionalidad declaró que la suspensión emitida por el letrado no procedía ya que la Ley Electoral y de Partidos Políticos ordena que ningún instituto puede ser cancelado o suspendido mientras el proceso comicial esté en marcha, el cual termina el 31 de octubre.

Ayer, la fiscalía negó los señalamientos de Arévalo, y dijo en un comunicado que se trataba de una “campaña de desinformación con el fin de generar desestabilización en el país y de interrumpir el periodo constitucional en el ejercicio del cargo de la fiscal general”.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales rechazan las acciones de la fiscalía, las que consideran que buscan minar la voluntad de la ciudadanía al elegir a Arévalo, y, por ende, la democracia del país.

Varios gobiernos, como el de Estados Unidos y de países de la Unión Europea, se han pronunciado ante la escalada de la judicialización de la sucesión presidencial y los ataques a Semilla, expresando preocupación sobre el deterioro del Estado de derecho en la nación de Centroamérica.

Mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de México manifestó su preocupación tras las recientes consideraciones emitidas por el mandatario electo Arévalo, e hizo un “respetuoso llamado a los diferentes sectores a proteger el estado de derecho, el orden social y respaldar el voto legítimo de los guatemaltecos”. Amparo contra los resultados en las urnas

En tanto, el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra la certificación de resultados de lasegunda vuelta electoral del 20 de agosto que dieron la victoria a Arévalo.

UNE denuncia la violación al debido proceso, al derecho de certeza y seguridad jurídica, así como la garantía a la igualdad en el ámbito del servicio público, informó el diario Prensa Libre. El partido pretende “que se otorgue la protección constitucional suspendiendo en definitiva el acuerdo 1659-2023”, que contiene la oficialización y la adjudicación de los cargos para presidente y vicepresidente de Guatemala. El amparo fue admitido a trámite.