Ante la decisión del décimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, con sede en la Ciudad de México, de levantar la prisión preventiva al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso capitalino, Ana Francis López Bayghen, de Morena, pidió a las organizaciones de mujeres estar pendientes de los magistrados que integran dicho pleno e informar a las diputadas y diputados federales para que tomen en cuenta esas decisiones cuando llegue el momento en que quieran ser ratificados en sus cargos.

La también activista y fundadora de la compañía de teatro cabaret Las Reinas Chulas, no ocultó su indignación ante la resolución de los magistrados Reynaldo Manuel Reyes Ríos, Carlos López Cruz y Elisa Macrina Álvarez Castro al estar comprobado que Carmona “ejecutó una operación criminal” para obstruir la justicia en el feminicidio de Ariadna Fernanda López.

“No es un fiscal al que se le traspapeló el folder, no es un fiscal que hizo caso omiso de un asunto porque se distrajo, por inepto o por ineficiente, no; hubo toda una construcción de una realidad alternativa, de una ficción para encubrir un crimen. Por fortuna, la Fiscalía de la Ciudad de México pudo volver a arrestarlo”, ahora bajo el cargo de encubrimiento por favorecimiento.

Al respecto, el secretario de Gobierno capitalino, Ricardo Ruiz Suárez, dijo que el ilícito imputado a Carmona está relacionado con la manipulación de pruebas en torno al feminicidio de Ariadna.

En conferencia de prensa, aclaró que el funcionario morelense no ha sido exonerado por obstrucción de la justicia, sino que sólo se le cambió la medida cautelar, por lo que sigue vinculado a proceso. Asimismo, dijo que el gobierno respalda la actuación de la Fiscalía capitalina y que el único propósito es que se haga justicia por el feminicidio de la joven.

En Morelos, la orden de liberación también sorprendió al abogado Juan Carlos Flores, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire, quien aseguró que existen poderes e intereses muy grandes en torno al funcionario, al obtener un amparo en menos de un mes, cuando se consiguen a los tres o hasta 10 meses, cuando son solicitados por abogados o ciudadanos comunes a un juzgado federal.

Teresa Ulloa Ziáurriz, de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, consideró que el cambio de la medida cautelar fue consecuencia de la disputa que existe entre el gobierno federal con el Poder Judicial de la Federación, pese a que las acusaciones contra Carmona al tratar de encubrir al responsable del feminicidio son graves.