Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, seguirá en el Reclusorio Sur ante la segunda orden de aprehensión que se ejecutó de inmediato al ser acusado de encubrimiento por favorecimiento en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, perpetrado en octubre del año pasado.

Durante la audiencia inicial, el impartidor de justicia dictó la medida de prisión preventiva justificada ante la posibilidad de que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia porque carece de arraigo.

El funcionario morelense ya tiene una vinculación a proceso por obstrucción de la justicia, por el cual obtuvo un amparo otorgado por los magistrados del décimo tribunal colegiado contra la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que se ordenó su libertad.

Sin embargo, fue recapturado de forma inmediata por agentes de la Policía de Investigación que hicieron efectiva una orden de aprehensión por el nuevo delito.

En la diligencia de ayer, los abogados de Carmona Gándara solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo cual será hasta el miércoles cuando se defina si es vinculado a proceso.

El argumento de la Fiscalía capitalina para imputarle el encubrimiento por favorecimiento es porque designó a una persona probablemente no facultada como enlace para atender la solicitud de la Fiscalía General de la República en la investigación por la mala actuación de servidores públicos en la integración de la carpeta de investigación por el feminicidio de la joven de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado en Tepoztlán, Morelos.

Lo liberará la Corte, aseguran sus litigantes

Gabriel Regino, quien se sumó al grupo de litigantes en la defensa de Carmona, sostuvo que la detención de su cliente es un secuestro político por parte de la Fiscalía General de Justicia, porque pese a su fuero y que un tribunal colegiado determinara su inmediata libertad, continuará preso.

Agregó que al conocer la sentencia de los magistrados, la FGJ “solicitó una nueva orden de aprehensión que fue otorgada en 14 minutos. No hay precedente en la historia penal de la Ciudad de México de que una orden de aprehensión se haya librado en tan poco tiempo”.

Otro de sus abogados defensores, Pedro Nava Malagón, señaló que el caso va a terminar en la justicia federal y “nos va a dar la razón”. El litigante informó que se están tramitando los amparos correspondientes e incluso ya preparan una controversia constitucional, porque la libertad de su cliente se logrará con una suspensión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.