El 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas, siendo ésta una de las problemáticas de la crisis humanitaria y de derechos humanos que se vive en México y América Latina. La desaparición forzada es una violación grave a derechos humanos que sucede cuando personas son desaparecidas de sus lugares de trabajo, comunidades, calles, incluso de sus propias casas, ya sea por acción, omisión o aquiescencia del Estado; por grupos armados o agrupaciones vinculadas al tráfico de drogas y trata de personas con fines diversos, entre otras causas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el país hay 110 mil 42 registradas en cualquiera de esas circunstancias. Aproximadamente, 70 por ciento de esta cifra corresponde a jóvenes y predomina la desaparición de mujeres entre 15 y 25 años. Además, se registró que desde 2007 hubo un aumento de personas desaparecidas en el país, cuya causa podría ser la llamada declaración de la guerra contra el narcotráfico, por parte del ex presidente Felipe Calderón. A pesar de esto, los datos distan mucho de la realidad. No sólo hace falta considerar la ausencia de denuncias hacia esta problemática, sino las barreras gubernamentales para reconocer y aceptar la desaparición de una persona, principalmente de migrantes.
Es importante recordar que las obligaciones del Estado mexicano para atender las desapariciones forzadas de personas se encuentran ratificadas y establecidas en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda. Sin embargo, ¿de qué sirven tantas leyes e instrumentos de derechos humanos en dicha materia si el gobierno mexicano decide utilizarlas a conveniencia y no a favor de las víctimas? ¿Cómo se recupera la confianza hacia el Estado cuando persisten la negligencia e impunidad en los procesos de búsqueda, verdad y justicia para las miles de familias y víctimas de desaparición forzada en el país?
Ante ello, es necesario que las instancias de procuración de justicia cuenten con el personal especializado y capacitado técnica y humanamente para los procesos de búsqueda, donde la Comisión Nacional de Búsqueda y las locales fungen un papel fundamental para garantizar la búsqueda bajo la presunción de vida y no sólo en muerte. Asimismo, se requiere que se reconozca la desaparición forzada como problema público emergente que debe considerarse prioritario ante su agudización e incremento de personas desaparecidas en nuestros territorios. Si bien, es importante que haya voluntad política para atender esta emergencia nacional, es aún más necesario que se coloquen las necesidades de las familias y víctimas como prioridad y punto central en la construcción de políticas públicas y acciones gubernamentales para ellas.
Por ende, es indispensable que se acaten las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo y Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hacia el Estado mexicano, en donde se destaca el fortalecimiento de las capacidades técnicas, financieras y humanas de las instituciones y procesos de búsqueda e investigación; promover los procesos de reparación y memoria relacionados con casos históricos; incorporar el enfoque diferencial en el acceso a la búsqueda, verdad y justicia para una reparación adecuada; el reconocimiento y atención de las necesidades de las víctimas y sus roles en la búsqueda de sus familiares, así como la construcción de estrategias locales, regionales y globales de forma integral que prioricen la prevención de esta crisis humanitaria.
Como sociedad civil, se vuelve necesario continuar exigiendo al Estado mexicano su responsabilidad para el esclarecimiento de estos sucesos y que actúe con base en los más altos estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, porque desaparecer no es “normal”, sino una consecuencia de la violencia, el crimen organizado y las omisiones de los estados ante el resguardo de la vida; porque desaparecer es una problemática estructural y global, y para que la historia y crímenes de desaparición forzada en Latinoamérica no se agudicen en México, ni se continúen y profundicen en la región.
Sólo la memoria nos salvará de no olvidar los crímenes de Estado, pero primordialmente, a quienes nos hacen falta, ¡hasta encontrarles!
