Buenos Aires., Al cumplirse un año ayer del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner frente al edificio de departamentos donde vivía, cuando la rodeaban militantes que se mantenían en vigilia ante los hechos violentos y amenazantes de opositores y de grupos de choque en el país, la justicia, que está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, del llamado partido judicial, no ha avanzado sobre el caso, lo que evidencia una impunidad desafiante.

Capuchetti decidió enviar a juicio esta causa, para juzgar a los tres detenidos, Brenda Uliarte, Nicolás Carrizo y Fernando Sabag Montiel, quien apretó el gatillo a centímetros de la cabeza de Fernández de Kirchner, pero la pistola se trabó, en una escena dramática, que recorrió y conmovió al mundo, y rápidamente los gobiernos se solidarizaron con la dos veces presidenta de esta nación (2007-2011-2015).

La togada, que trabaja con el jefe de gobierno de esta capital, Horacio Rodríguez Larreta, de la opositora alianza Juntos por el Cambio, ha recibido decenas de pruebas de la relación de este grupo con los neonazis de Revolución Federal (RF) y sobre el financiamientos a estos de parte de ex funcionarios y amigos íntimos del ex mandatario Mauricio Macri, como los hermanos Caputto.

La letrada se ha negado a investigarlos, a pesar de las pruebas que tiene, y se recuerda en estos momentos, las graves irregularidades que se cometieron en esta causa. Entre ellas está un celular, al que por “un error” de un funcionario de su equipo borraron todos los mensajes, así como la pistola de Sabag Montiel, todas enviadas por la policía.

También se identificó muy cerca del lugar del hecho a Brenda Uliarte, novia de Sabag Montiel, y se le dio tiempo para que se alejara del lugar. Todos estos hechos acumulados en los primeros días afectaron la investigación, como sostuvo el abogado de la vicepresidenta, Marcos Aldazábal.

Por estos días se agravó la situación del segundo de la ex Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su “consejero”, Gerardo Millman, además diputado de la alianza derechista Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, y sus vínculos con el atentado y la participación del líder de Revolución Federal, Jonathan Morel. “Cuando empezaron a surgir esas líneas, ahí nos fuimos encontrando con impedimentos en la investigación”, dijo el abogado de la vicepresidenta, asegurando que está probado en la causa que indaga a Revolución Federal en una investigación curiosamente separada y que Capuchetti se negó a integrar como debía ser.

La vicepresidenta subió en la red social X un documental preparado por la Cámpora sobre el intento de magnicidio; y por otro, un video que había enviado Juan Graboi

La bala que no salió y el fallo que sí saldrá es el documental de la organización de la juventud que conduce Máximo Kirchner, utilizando un significativo titular del periódico opositor Clarín donde decía esa frase. Esto adelantando ya que se preparaba la condena, sin prueba alguna de dos fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, amigos de Macri que condenaban a la vicepresidenta a prisión y la dejaban proscripta de toda participación política hasta el final de sus días. Todo esto sobre una causa falsa”.