Zacatecas, Zac., Personal de la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de más de 200 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como decenas de Policías Estatales Preventivos y de Vialidad, irrumpieron en varios inmuebles de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), para efectuar un cateo solicitado por el propio titular de este organismo, Francisco Murillo Ruiseco.

La acción se realizó el jueves por la noche con base en una denuncia penal interpuesta por el fiscal estatal para liberar la sede principal de esa institución en la capital zacatecana, así como los dos Servicios Médicos Forenses (Semefos), ubicados en las ciudades de Fresnillo y Guadalupe, instalaciones que estaban tomadas desde hace tres semanas por trabajadores de la institución que reclaman el pago de aumentos salariales.

El 7 de julio pasado, fiscales de investigación, agentes del Ministerios Público y policías ministeriales, emitieron un primer pliego petitorio en el que reclamaban el pago de incrementos salariales no cubiertos desde hace cinco años, a pesar de que presuntamente hay una partida especial del gobierno federal para empleados de las fiscalías estatales, que en el caso de Zacatecas no se dispersó, según dijeron.

Sin embargo, la FGJEZ y el gobierno del estado ignoraron inicialmente la petición.

Dos semanas después, los trabajadores reforzaron sus protestas; primero colocaron decenas de lonas con sus demandas, después exigieron la renuncia de Francisco Murillo y sus funcionarios más cercanos, a quienes acusaron de acoso laboral y sexual, además de presuntos actos de corrupción.

Poco a poco los quejosos comenzaron a tomar inmuebles públicos de la fiscalía, incluyendo, además de la sede de la FGJEZ y los Semefos, las instalaciones de 15 de 17 casas distritales en el estado. Tres veces el fiscal intentó resolver la situación, al asegurar que la demanda de incremento salarial era imposible de cubrir en términos presupuestales.

A mediados de agosto intervino en el conflicto la administración de David Monreal Ávila, a través de Rodrigo Reyes Muguerza, secretario General del gobierno estatal –y sobrino del ex mandatario priísta Miguel Alonso Reyes (2010-2016)–, quien ha encabezado al menos tres mesas de negociación con representantes de los empleados.

No se ha llegado a ninguna solución porque las autoridades estatales sólo han ofrecido alza salarial de 10 por ciento “a algunos” quejosos, el cual es aplicable hasta 2024.

El miércoles, Murillo Ruiseco anunció que no habría pago quincenal de nómina a los trabajadores de toda la fiscalía, por la toma de las inmuebles; no obstante, quienes se encontraban protestando anunciaron que aun así seguirían con su lucha.

Esa misma noche el fiscal acudió a la FGR e interpuso una denuncia penal contra dos de los líderes del movimiento: el abogado Alejandro Rivera Nieto y José Francisco Martínez Gutiérrez, acusados por bloqueos a las vías de comunicación y obstrucción a la procuración de justicia.

El jueves comenzó el cateo a los inmuebles de la FGJEZ que continuaba hasta la tarde de ayer.

El objetivo de esta diligencia, advirtieron los manifestantes, es de-salojarlos de los edificios ocupados, a pesar de que ellos cuentan con un amparo que un juez federal les concedió el 28 de agosto para garantizar su derecho constitucional a la libre manifestación.