Extracto del libro Pinochet desclasificado: los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile (Catalonia/Un día en la vida, agosto 2023) de Peter Kornbluh. El autor es director del Proyecto sobre Chile del National Security Archive. Publicado por La Jornada con autorización de la editorial y el autor.

En unos días, chilenos, junto con otros alrededor del mundo, conmemoran el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile. El 11 de septiembre sigue siendo una fecha divisiva en ese país donde un feroz y difícil debate sobre las causas y consecuencias del golpe pervive, con la derecha enfocada en culpar al gobierno de Salvador Allende por todo lo ocurrido y negando cualquier papel de Estados Unidos. Este extracto del libro del historiador Kornbluh se centra en lo que el gobierno de Richard Nixon supo y en lo que hizo y no hizo cuando se acercaba la fecha fatídica.

Al día siguiente de que los militares se hicieran con el poder por medio de la violencia, se reunieron los miembros del Departamento de Estado con el objetivo de discutir las pautas que debía seguir Henry Kissinger a la hora de responder ante la prensa acerca del «grado de conocimiento previo que teníamos sobre el golpe». Jack Kubisch, vicesecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, señaló que cierto militar chileno –que resultó ser nada menos que el mismísimo Pinochet– había comunicado a la embajada que los conspiradores habían ocultado a quienes los respaldaban en Estados Unidos la fecha exacta en la que actuarían contra Allende. Con todo, Kubisch declaró que no tenía claro «si el Dr. Kissinger debería usar esta información, dado que pondría de relieve lo estrecho de nuestros contactos con los cabecillas del golpe».

Durante los meses que antecedieron al golpe de Estado, la CIA y el Pentágono mantuvieron una amplia relación con los conspiradores chilenos gracias a la actuación de varios agentes e informantes, de tal modo que supieron la fecha exacta en que se harían con el poder los militares con al menos tres días de antelación. Las comunicaciones procedían de algunas operaciones secretas en busca de candidatos del ejército a las que habían vuelto a recurrir tras las elecciones al congreso chileno de marzo de 1973. Los pésimos resultados de los comicios llevaron a muchos integrantes de la CIA a convencerse de que las acciones políticas y propagandísticas no habían dado los frutos deseados y de que la solución definitiva para el problema de la Unidad Popular se hallaba, según sugerían los documentos de la Agencia, en manos del estamento militar de Chile.

Hasta los primeros dos meses de 1973, las operaciones políticas y la propaganda generada por El Mercurio y otros medios financiados por la CIA se centraron en una campaña activa de oposición destinada a ganar de forma incontestable las elecciones al congreso del 4 de marzo, a las que se habían presentado para la relección todos los representantes chilenos y la mitad de los senadores. El objetivo de la CIA consistía, cuando más, en lograr una mayoría de dos tercios para la oposición para poder así someter a Allende a un proceso de destitución y, cuando menos, en impedir que la Unidad Popular obtuviese una clara mayoría de los sufragios.

La realidad, sin embargo, era bien diferente, tal como entendieron tanto la oficina central de la CIA como su puesto de operaciones en Santiago. De hecho, en la primera prueba nacional a la que se vio enfrentada la popularidad del partido de Allende desde su llegada al gobierno, su administración no había hecho sino incrementar su poder electoral, pese a la actividad política de la CIA, la ambiciosa campaña propagandística secreta emprendida en su contra y el plan de desestabilización socioeconómica dirigido por Estados Unidos. «El programa de la UP sigue resultando atractivo a buena parte del electorado chileno», lamentaba en un cablegrama el puesto santiaguino. La Agencia, por lo tanto, se vio obligada a reconsiderar toda su estrategia clandestina en Chile. «Las opciones futuras», cablegrafió la oficina central el 6 de marzo, «se están revisando a la luz de unos resultados electorales decepcionantes que permitirán a Allende y a la UP aplicar sus programas con mayor vigor y entusiasmo».

Al mismo tiempo, la base santiaguina de la CIA reafirmaba también la necesidad de volver a concentrarse en la creación de un clima propicio al golpe de Estado, eterno objetivo del gobierno estadunidense. “Mientras el puesto en Santiago espera conferir a nuestro programa [militar] un ímpetu adicional (…) otros centros de poder político (partidos, empresas, medios de comunicación…) desempeñarán un papel esencial a la hora de crear la atmósfera política que nos permitirá alcanzar los objetivos antes expuestos. Teniendo en cuenta los resultados electorales, el puesto opina que es imprescindible reavivar el clima de malestar político y dar pie a una crisis controlada para lograr que los militares consideren seriamente la posibilidad de una intervención”. La posición en extremo combativa y entusiasta del centro de operaciones en Santiago, que influyó sin duda en su actuación en Chile, recibió el apoyo del sector duro de la División del Hemisferio Occidental, partidario de un enfoque más decidido y violento que, obviamente, no tenía entre sus objetivos el de «salvar la democracia» chilena.

En lugar de eso, la Agencia debía tratar directamente «de desarrollar las condiciones que pudiesen desembocar en una acción militar». Esto implicaba brindar «respaldo a gran escala» a los grupos terroristas chilenos, como Patria y Libertad o los «elementos militantes del Partido Nacional», durante un periodo determinado (entre seis y nueve meses), «durante el cual se haría cualquier esfuerzo necesario para promover el caos económico, agravar las tensiones políticas y dar pie a un clima de desesperación en el que tanto el PDC como el público en general acaben por desear una intervención militar. Lo ideal sería que con esto se indujese a los militares a tomar el gobierno por entero».

No obstante, la postura que compartían la base santiaguina y el sector duro de Langley no coincidía con la del Departamento de Estado ni con la de los altos cargos de la CIA, que temían las consecuencias de una acción militar precipitada y creían en la necesidad de actuar con prudencia, dada la investigación que estaba efectuando el Comité del Congreso en torno a la ITT y las operaciones encubiertas que se habían puesto en marcha en Chile. El 1º de mayo llegó de Langley un cablegrama dirigido a Warren, director de la base en Santiago, con el siguiente texto: «Deseamos posponer cualquier consideración relativa a todo programa de acción diseñado para estimular una intervención militar hasta poseer indicios más definitivos de que los miembros del ejército están dispuestos a actuar y la oposición, incluido el PDC, lista para secundar un golpe de Estado». En su respuesta, el director del puesto de operaciones solicitó a la oficina central que aplazase su petición relativa a la financiación del año fiscal de 1974 hasta que pudiese volver a redactarse la propuesta de modo que reflejara la realidad chilena de aquellos momentos. «Las partes más militantes de la oposición», incluidas algunas organizaciones respaldadas por la CIA, como El Mercurio o el Partido Nacional, se estaban movilizando, según la información ofrecida por la base santiaguina, para promover un golpe de Estado.

“Los planes elaborados por las fuerzas de oposición no se centran tanto en 1976 como en un futuro inmediato. Si queremos hacer que nuestra influencia sea lo más marcada posible y ofrecer a los opositores la ayuda que necesitan, deberíamos seguir esta línea de actuación más que tratar de oponernos a ella y contrarrestarla intentando hacer que la oposición se centre en el objetivo distante y tenue de las elecciones de 1976. En resumen, creemos que la orientación y el enfoque de nuestros esfuerzos operativos deberían basarse en la intervención militar”.

El 9 de septiembre, la base de operaciones en Santiago actualizó la cuenta regresiva. Uno de sus agentes secretos, Jack Devine, recibió la llamada de un colaborador que huía del país y que le confió: «Va a efectuarse el día 11». Su informe, remitido a la oficina central de Langley el día 10, manifestaba: “El atentado golpista tendrá lugar el 11 de septiembre. En esta acción están implicados los ejércitos de Tierra, Mar y Aire y carabineros. El día del golpe, a las 7 am, se leerá, en Radio Agricultura, una declaración. Carabineros tiene la responsabilidad de arrestar al presidente Salvador Allende”.

El 11 de septiembre, “el golpe de Estado de Chile ha sido poco menos que perfecto”, anunció en un informe de situación enviado a Washington el teniente coronel Patrick Ryan, al frente del grupo militar estadunidense apostado en Valparaíso. A las 8 de la mañana del 11 de septiembre, la armada chilena había tomado esta ciudad portuaria antes de anunciar que se estaba derrocando al gobierno de la Unidad Popular. En Santiago, el cuerpo de carabineros debía detener al presidente Allende en su residencia, pero éste logró llegar hasta el Palacio de La Moneda y, desde allí, emitir mensajes radiofónicos en los que instaba a obreros y estudiantes a defender al gobierno frente al ataque de las fuerzas armadas. Mientras los carros de combate rodeaban el edificio y disparaban contra sus muros, los reactores Hawker Hunter lanzaron sobre el mediodía un ataque con cohetes de precisión sobre los despachos de Allende que acabó con la vida de muchos de sus guardias. Minutos después se produjeron otras acometidas aéreas con cañones, al tiempo que las fuerzas terrestres trataban de tomar el patio interior del palacio.

La reacción internacional fue inmediata, generalizada y abrumadoramente condenatoria. Numerosos gobiernos denunciaron el golpe militar, y en toda América Latina tuvieron lugar protestas multitudinarias. Como cabía esperar, muchos dedos acusadores señalaron al gobierno de Estados Unidos. En la comparecencia que hizo en calidad de secretario de Estado tan sólo un día después del golpe, Kissinger se vio acribillado a preguntas relativas a la implicación de la CIA. La Agencia, según su respuesta, «estuvo envuelta, en grado mínimo, en 1970, y desde entonces nos hemos mantenido alejados por completo de cualquier plan golpista. Respecto a Chile, no hemos intentado otra cosa que fortalecer a los partidos democráticos y proporcionarles cierta solidez para ganar las elecciones de 1976».

“Sostenimiento de la democracia chilena”, resumía la versión oficial, fraguada tras lo ocurrido a fin de encubrir la intervención estadunidense en contra del gobierno de Allende. El 13 de septiembre, Colby, director de la CIA, envió a Kissinger un informe general de dos páginas en torno al “programa de acción encubierta de la CIA en Chile desde 1970”, concebido para proporcionar algunas directrices en torno a las cuestiones relativas al papel desempeñado por la Agencia. “La política adoptada por Estados Unidos ha consistido en mantener la mayor presión encubierta posible para impedir la consolidación del gobierno de Allende”, exponía sin ambages. Tras repasar de forma selectiva las operaciones secretas llevadas a cabo en los ámbitos de la política, los medios de comunicación y el sector privado, Colby concluía: “Si bien la intervención de la CIA ha sido fundamental para permitir la subsistencia de los partidos y medios de comunicación de la oposición, así como el mantenimiento de su resistencia activa al régimen de Allende, lo cierto es que la Agencia no ha participado de forma directa en los hechos que han desembocado en el establecimiento de un nuevo gobierno militar”.

Si entendemos en un sentido estricto la definición de participar “de forma directa” –colaborar en la planificación y proporcionar equipo, ayuda estratégica y una serie de garantías–, la CIA no parece haber estado envuelta en las violentas acciones acometidas por los militares chilenos el 11 de septiembre de 1973. La Casa Blanca persiguió, respaldó y aceptó el golpe de Estado durante la presidencia de Nixon, pero los riesgos políticos que implicaba una colaboración directa tenían más peso que cualquier necesidad real de éxito. Los militares chilenos, sin embargo, no albergaban duda alguna acerca de la posición de Estados Unidos.

“No estuvimos implicados en la planificación”, recordó el agente de la CIA Donald Winters, “pero los contactos de que disponíamos entre los militares de Chile les hicieron saber que no nos sentíamos especialmente atraídos por el gobierno [de Allende]”. Además, la CIA y otros sectores del gobierno estadunidense se hallaban mezclados de forma directa en operaciones diseñadas para crear la atmósfera capaz de provocar un golpe de Estado que echara abajo la democracia chilena. El memorando de Colby parecía omitir el proyecto de la Agencia que tenía por objetivo engañar a los militares, las actividades clandestinas de propaganda negra que pretendían sembrar la discordia en el seno de la coalición de la Unidad Popular, el respaldo brindado a grupos extremistas como Patria y Libertad y los incendiarios logros del proyecto El Mercurio, al que los documentos de la CIA reconocen «una función significativa en la creación del escenario» en que se produciría el golpe, por no hablar del marcado efecto desestabilizador del bloqueo económico invisible. El argumento de que todas estas operaciones estaban orientadas a mantener las instituciones democráticas de Chile no pasa de ser un ardid de las relaciones públicas que ha quedado al descubierto por el peso de la documentación histórica. De hecho, el colosal apoyo prestado por la Agencia a los supuestos adalides de la democracia chilena (los democristianos, el Partido Nacional y El Mercurio) facilitó su transformación en protagonistas –y principales partidarios– de la violenta interrupción de los procesos democráticos de Chile por parte de los militares.

“La política que hemos seguido en relación con Allende ha ido a pedir de boca”, comentó a Kissinger el vicesecretario Kubisch el día que siguió al del golpe de Estado. De hecho, en septiembre de 1973, los hombres de Nixon habían alcanzado el objetivo planteado de un modo manifiesto por el presidente en noviembre de 1970: crear las condiciones capaces de propiciar la caída o el derrocamiento de Allende. En la primera reunión del Grupo de Acciones Especiales de Washington, celebrada la mañana del 12 de septiembre a fin de tratar el modo de apoyar el régimen militar chileno, Kissinger comentó burlón: “Al presidente le preocupa que queramos mandar a alguien al funeral de Allende. Le he dicho que dudo que ninguno de nosotros vaya a plantear esa opción. –No–respondió uno de sus colaboradores–, a no ser que quiera ir usted”. El 16 de septiembre, el presidente Nixon llamó a Kissinger para que lo pusiera al día. Su conversación quedó registrada gracias al sistema oculto de grabación del secretario de Estado. «El asunto chileno se está consolidando», aseguró este último, “y, por supuesto, los periódicos se están quejando porque un gobierno comunista ha sido derrocado”. Los dos lamentaron que la prensa no les prodigara alabanzas por la destitución de Allende: “En tiempos de Eisenhower –aseveró Kissinger, refiriéndose al derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala gracias a la acción encubierta de la CIA–, nos habrían tratado de héroes”.

Los dos abordaron entonces sin tapujos la función de Estados Unidos. “No hace falta que diga que, oficialmente, nosotros no hemos tenido nada que ver –señaló el presidente”.

“Nosotros no hemos hecho nada –respondió Kissinger, con lo que se refería a la participación directa en el golpe propiamente dicho–. Quiero decir que los hemos ayudado. [Palabra omitida] creado las condiciones necesarias en la medida de lo posible.”

“Eso es verdad –convino elpresidente.”

Consulte la versión completa en el sitio web de La Jornada con el link https://www.jornada.com.mx/notas/2023/09/01/reportaje/el-verdadero-rol-de-estados-unidos-en-el-golpe-de-1973/