Con marchas, tendederos de denuncia, protestas en monumentos históricos, celebraciones ecuménicas y expresiones artísticas, familiares de personas desaparecidas exigieron al Estado mexicano fortalecer las acciones de búsqueda para dar con el paradero de sus seres queridos y que se convoque de manera urgente a una audiencia a fin de acordar en conjunto una ruta de trabajo para enfrentar la crisis de desapariciones y la designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemoró ayer, también demandaron que el censo del gobierno federal “no implique una estrategia de disminución intencionada del número registrado” actualmente, que es de más de 111 mil desaparecidos, y que se transparente la metodología con la que se lleva a cabo.

Por su parte, durante la inauguración de la exposición Caminar el Cuerpo Desaparecido, en el Sitio de Memoria Circular de Morelia, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría Gobernación reiteró su compromiso con la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición de violaciones graves a derechos humanos.

La jornada de actividades se inició desde la mañana con una manifestación en el monumento a Cuauhtémoc, en Paseo de la Reforma, donde madres, padres, hermanas e hijos de desaparecidos colocaron fotografías de sus seres queridos, así como mariposas color verde –emblema de su campaña de este año–. Lamentaron el distanciamiento en la relación con el gobierno federal. “Hemos vivido la reducción de espacios de participación sustantiva y el enfriamiento del diálogo”, reprocharon.

Aglutinadas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos (MND), conformado por 86 colectivos del país y Centroamérica, señalaron que aunada a la alta cifra de casos en el país hay “una crisis institucional” que se agudizó con la renuncia de la titular de la CNB, Karla Quintana, la semana pasada.

Respecto al censo sobre personas desaparecidas, Araceli Rodríguez, quien busca a su hijo Luis Ángel León, y a otros seis policías federales en Michoacán desde 2009, expuso que en su caso recibió a servidores de la nación, quienes acudieron a su domicilio en el estado de México a preguntar si ya había aparecido. “Es inadmisible, revictimizante… llegar a las casas a preguntar así, toda vez que las familias no sabemos qué metodología utilizaron”, lamentó.

En tanto, la Asamblea de Colectivos de Familiares y Sobrevivientes de la llamada guerra sucia, entre ellos el Comité Eureka, manifestaron en un escrito que si bien al inicio pusieron su entera confianza en el actual gobierno, “a la fecha no se ha avanzado lo suficiente”. Expresaron que los dos objetivos principales que buscan en los trabajos de la Comisión para la Verdad son la localización de sus desaparecidos y el castigo a los culpables, los cuales registran nulo avance.

En la ex glorieta de La Palma, familiares de personas desaparecidas procedentes de diversos estados exigieron que ese lugar sea reconocido como de las y los desaparecidos. Citaron al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México para entablar un diálogo, pero ninguno asistió.

Socorro Gil Guzmán, madre de Jonathan Guadalupe, desaparecido en Acapulco, Guerrero, el 5 de diciembre de 2018, destacó que “es muy importante la memoria, porque en ello damos cuenta de que faltan nuestros familiares, que no es sólo una persona desaparecida en el país, son más de 100 mil”.

A su vez, el colectivo Hasta Encontrarles colocó nuevos azulejos con fotos de víctimas de desaparición frente a la entrada principal de la FGR, institución a la que acusaron de no realizar acciones para dar con el paradero de las víctimas.

Por la noche se informó en redes sociales que el subsecretario Alejandro Encinas participó en un encuentro con integrantes del MND y el cuerpo diplomático acreditado en México.