El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció ayer que su partido retira la candidatura de Beatriz Paredes para representar al Frente Amplio por México en las elecciones presidenciales del año entrante, y afirmó que toda la estructura priísta se pondrá al servicio de Xóchitl Gálvez, la abanderada del PAN. Las declaraciones del dirigente del tricolor están cargadas de significado e implicaciones tanto por el fondo como por la forma en que se produjeron. En primera instancia, el líder priísta dinamitó los últimos restos de credibilidad que pudieran quedarle al farragoso proceso urdido por las derechas para disimular que su candidata fue designada por una cúpula oligárquica encabezada por Claudio X. González.
Debe recordar, a este respecto, que el método diseñado por la alianza PAN-PRI-PRD fue impugnado incluso antes de que se presentara formalmente a la sociedad. Todavía no se integraba el Comité Electoral Ciudadano que iba a organizar las primarias opositoras cuando cinco de sus 11 integrantes ya habían dimitido entre señalamientos de que el procedimiento acordado relegaba a la “sociedad civil” a un papel decorativo. En los siguientes días y semanas varios aspirantes se fueron bajando de la contienda al comprobar que los requisitos establecidos constituían un muro infranqueable levantado a fin de que sólo llegara al final de la carrera la ganadora previamente palomeada desde arriba.
Por otra parte, la conferencia en la que Moreno Cárdenas cerró a Beatriz Paredes la posibilidad de competir en la consulta fijada para el próximo domingo –acción indecorosa y machista realizada en ausencia de la afectada– no sólo ratificó la carencia de escrúpulos y de rumbo de la actual dirigencia priísta, sino que acentúa el declive del otrora poderoso partido: por primera vez en su historia, el tricolor irá a una elección presidencial sin candidato propio y en calidad de subordinado de Acción Nacional.
Aunque hasta el cierre de esta edición, Paredes no había hecho pública su postura ante el anuncio referido, es claro que sea cual sea su reacción, el PRI saldrá enormemente debilitado, tanto si se rebela a la imposición de la candidatura de Gálvez e introduce un nuevo factor de fractura en las filas priístas, de por sí afectadas por una reciente sangría de cuadros, como si se pliega y exhibe, con ello, la irrelevancia del priísmo y el dominio del PAN en el bando opositor.
Así se asiste a un nuevo capítulo en el largo proceso de desmantelamiento del antiguo partido “casi único” que comenzó hace más de tres décadas, cuando Carlos Salinas de Gortari se impuso en la Presidencia mediante un fraude y, una vez instalado en Los Pinos, llevó adelante el programa económico del panismo. El sucesor de Salinas, el neoliberal ultraortodoxo Ernesto Zedillo, profundizó la imposición de ese modelo depredador, cuyo siguiente exponente presidencial, Vicente Fox, fue el primer mandatario no priísta. Doce años después, Enrique Peña Nieto llevó al PRI de regreso al poder, pero, lejos de enmendar el rumbo, concretó las “reformas estructurales” impulsadas por la OCDE, el FMI y el Banco Mundial.
A fin de repartir los costos políticos de estos golpes a la economía popular, a la soberanía y a la democracia, el peñanietismo forjó el Pacto por México, primera encarnación del hoy denominado Frente Amplio. A partir de ese momento, la existencia separada del PRI, el PAN y el residual PRD se revela como un mero simulacro de pluralidad que enmascara la verdadera conformación del sistema de partidos: una coalición neoliberal, otra situada en el campo del posneoliberalismo y varias organizaciones pequeñas que se mueven a conveniencia de un polo al otro en búsqueda de votos y de prerrogativas. La creciente disolución del PRI deja dos polos claramente identificables, con sus respectivas visiones de país: el PAN y sus satélites, que apuestan por la restauración del régimen de saqueo y rendición de la soberanía, y quienes impulsan la continuidad del esfuerzo transformador que se encuentra en marcha.
En este escenario, cabe preguntarse si vale la pena gastar más de 10 mil millones de pesos que el INE pretender asignar el año próximo a un régimen de partidos que ha perdido mucho de su sentido como representación de la diversidad política e ideológica de la sociedad.
