Santiago. El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció ayer que por primera vez el Estado buscará a más de mil 100 desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) con la implementación del Plan Nacional de Búsqueda.

El mandatario eligió el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada para cumplir una de sus promesas de gobierno.

Hasta ahora la búsqueda había estado a cargo de grupos de familiares, agrupaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos.

“Tenemos el deber de seguir buscando” y disponer “de los recursos necesarios, porque fue el Estado el que planeó y ejecutó los crímenes”, afirmó Boric durante la presentación del plan en el palacio presidencial de La Moneda. Este programa, agregó, “será una nueva herramienta institucional contra el olvido”.

Boric prometió, además, que se destinarán unos 18 millones de dólares a modernizar y fortalecer el Servicio Médico Legal, que tiene largos retrasos en los peritajes de casos relacionados con violaciones a los derechos humanos y se darán más recursos al Poder Judicial.

El plan, que busca sintetizar información que aún pueda estar disponible o sin clasificar en archivos, causas judiciales y otras instancias, fue presentado dos semanas antes del 50 aniversario del golpe contra el presidente socialista Salvador Allende.

El mandatario añadió que la información que pueda recabarse serviría también para los procesos judiciales en marcha.

“Esta política es permanente y nos hacemos cargo como Estado, no sólo como gobierno, de hacer todo lo que esté al alcance y correr las barreras para esclarecer las desapariciones y muertes”, añadió.

Juana Andreani, víctima de la dictadura, fue amiga de una persona que desapareció. “Teníamos la ilusión de que estuvieran vivos, pero ya con los años pensamos en que no”, declaró a Reuters.

“Al menos queremos saber qué pasó, qué hicieron con ellos. El no saberlo que es lo más ingrato de estos 50 años”, añadió.

El plan “pretende que la responsabilidad de la búsqueda sea obligación permanente del Estado”, comentó por su parte el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien tiene dos tíos abuelos desaparecidos. Aseveró que entre los miembros y ex integrantes de las fuerzas armadas “es evidente que hay personas que tienen información”.

La madre de un joven de 19 años desaparecido en agosto de 1974 arroja flores al mar, en el puerto chileno de San Antonio, donde se recordó a víctimas de la dictadura. Foto Afp.

La dictadura de Pinochet dejó un saldo de más de 40 mil víctimas, entre ellas al menos 3 mil 200 opositores asesinados, de los cuales mil 469 fueron desaparecidos. Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307, pero aún falta hallar a otros mil 162, según las últimas cifras oficiales.

“Es una manera no sólo de reparar a las víctimas, sino también de abordar la reparación de una cicatriz colectiva”, sintetizó Cordero.

El plan se dirigirá a “conocer y reconstruir las trayectorias de las víctimas de desaparición forzada”, afirma el documento oficial. Para ello “se trazará una ruta” que ayudará a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales.

Las labores de búsqueda se centrarán en terrenos que aún no se han explorado por falta de presupuesto o tecnología y se promoverá el acompañamiento de las familias y la sociedad civil en el proceso.

En el pasado, las autoridades hicieron algunos esfuerzos para ubicar a los desaparecidos. En 1991 se hallaron los restos de 126 personas en 107 tumbas que se creía que eran de opositores a la dictadura. Aunque el gobierno de entonces anunció que habían sido identificados e incluso los entregó a sus familiares, en 2006 se determinó que la identificación no fue rigurosa y casi medio centenar de familias tuvieron que devolver los restos al instituto forense.

Unas 82 cajas con restos óseos de presuntos desaparecidos volvieron al Servicio Médico Legal tras permanecer en una bodega de la Universidad de Chile y se sumaron a muchas más pendientes de peritar.

“El Estado ha fallado en entregar respuestas” que las familias y “el país merecen”, afirmó Boric.

El mandatario recordó a principios de junio en su discurso a la nación que el gobierno no claudicará en el deber moral de agotar todos los recursos para que los desaparecidos puedan descansar en paz. “Mientras ellos sigan faltando, Chile está incompleto”.

El objetivo del plan es “esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales”, se publicó en la página de Internet del plan.

“Obviamente hay una responsabilidad del alto mando de las fuerzas armadas. No puede ser que no sepamos qué pasó con alrededor de mil chilenos”, aseveró Carlos González, detenido y torturado por militares.

Pinochet murió en diciembre de 2006, a los 91 años, y nunca fue condenado en tribunales por su responsabilidad en los crímenes.