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2023-08-31 17:29

Denuncian acoso del Poder Judicial de Chihuahua contra jueza local

La jueza Sabela Patricia Asiain Hernández y la legisladora Olga Sánchez Cordero en el grupo técnico revisor. Foto La Jornada
La jueza Sabela Patricia Asiain Hernández y la legisladora Olga Sánchez Cordero en el grupo técnico revisor. Foto La Jornada

Chihuahua, Chih. La jueza Décimo Familiar por Audiencias, Sabela Patricia Asiain Hernández, denunció actos de persecución, acoso y hostigamiento de parte de la contraloría del Poder Judicial de Chihuahua, tendientes a limitar su colaboración en un grupo técnico revisor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y en los trabajos para homologar la forma de resolver los juicios a nivel nacional a través de la oralidad.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, así como la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, instalaron el miércoles la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (Cocifam), en el Salón Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, junto a representantes de poderes judiciales y de congresos locales de los 32 estados del país, e integrantes del grupo técnico revisor.

Sin embargo, la contraloría del Poder Judicial de Chihuahua realizó procedimientos de revisión consecutivos y levantó dos actas administrativas en contra de la jueza Asiain Hernández, después de que acudió al acto público de instalación de la Cocifam, el 30 de agosto en la Ciudad México, invitada por la secretaria Luisa María Alcalde y el Senado de la República.

En una primera auditoría, Ivonne Coello Muñoz, funcionaria de la contraloría del Poder Judicial, acusó que las comisiones relacionadas con el grupo técnico revisor son vacaciones no autorizadas, además, hostigó a empleados y colaboradores del juzgado Décimo Familiar con un pase de lista, revisión de identificaciones y firmas electrónicas, a las nueve de la mañana y a las tres de la tarde, en el despacho de la jueza.

La contraloría del Poder Judicial de Chihuahua llevó a cabo otra auditoría este jueves, sin entregar copia del acta a los empleados del juzgado ni a la jueza Asiain Hernández y sin permitir que se tomará fotografía al documento.

La Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (Cocifam) entró en funciones con participación de representantes de los Tribunales Superiores de Justicia y de los congresos locales de las entidades, para transitar hacia la implementación de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y acompañar el trabajo que realizó el grupo técnico, trabajos en los que Sabela Patricia Asiain participó desde el año pasado y que incluyeron nueve foros de análisis en diferentes estados de la república.

La jueza Décimo Familiar de Chihuahua también ha tenido participación por parte del Senado de la República en el grupo técnico revisor relativo a la iniciativa de Ley General de Mecanismos Alternos a la Solución de Conflictos, y colaboró con académicos, jueces, magistrados, barras y colegios de abogados, senadores y notarios del país, en la coordinación de la redacción del libro cuarto del nuevo código nacional, relacionado a la justicia familiar.

La instalación de la Cocifam se dio en cumplimiento a lo previsto en el artículo 7 transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 7 de junio.

Los operadores jurídicos y legisladores locales en cada entidad federativa deberán armonizar este nuevo modelo procesal, que entrará en vigor de manera gradual, con fecha límite hasta el 1 de abril de 2027.

El nuevo Sistema de Justicia Civil y Familiar, cuya implementación colabora la jueza Sabela Patricia Asiain, tiene por objetivo homologar la forma de resolver los juicios a nivel nacional a través de la oralidad, así como de los medios alternativos de solución de controversias, y reconoce la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas esenciales para hacer más eficientes los procesos, y brindar certeza, transparencia y agilidad en la impartición de justicia.

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