Antes de que termine este año, el Congreso de la Unión deberá aprobar las reformas legales que garanticen los mecanismos para promover la inversión y el desarrollo de la industria cinematográfica, en los términos que establecía el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), desaparecido en noviembre de 2020, así lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este fondo fue liquidado en noviembre de 2020 como parte de la extinción de 374 fideicomisos, dispuesta para hacer ahorros en el presupuesto federal.

La segunda sala de la SCJN abordó el tema por primera vez en abril pasado, cuando rechazó por mayoría de tres votos un proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que proponía avalar la desaparición de Fidecine. Por ello, el asunto fue returnado, con la instrucción de hacer un nuevo programa.

El amparo fue promovido por la productora de cine Springall Pictures, y contó con el apoyo de cineastas como Guillermo del Toro, Juan Mora Catlet, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, quienes firmaron una carta a favor de revivir el esquema de financiamiento.

El nuevo proyecto, que fue aprobado con el voto de tres de los cuatro ministros presentes en la sesión, no obliga estrictamente a revivir al Fidecine, pero sí a hacer reformas legales para restablecer mecanismos que cumplan con la misma función.

“Lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que el Congreso de la Unión cumpla cabalmente con la obligación establecida en la última parte del párrafo décimo segundo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, proceda a subsanar las deficiencias de la actual Ley Federal de Cinematografía, reconociendo expresamente el derecho al fomento y promoción permanentes de la industria cinematográfica nacional, en los términos y condiciones de política pública que estime convenientes, antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones correspondiente al año 2023”, señala el proyecto aprobado, que fue elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán.

El argumento de la decisión es que el cine es una expresión cultural, protegida por el artículo cuarto de la Constitución, y por tanto, es obligación del Estado fomentarla, que es preciso asegurar en la ley “con el fin de garantizar plenamente el ejercicio del derecho al acceso a la cultura y de que no quede como una simple prerrogativa declarativa o expectativa, carente de los mecanismos que permitan su cabal cumplimiento”, señala el proyecto.