Durante los dos sexenios pasados imperó en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) una “privatización silenciosa” con la subrogación de sus funciones primordiales a empresas privadas, mediante contratos que sumaron 88 mil millones de pesos, de los cuales, en muchos casos, los dueños de las compañías beneficiadas “eran funcionarios públicos, políticos y prestanombres”, revelaron funcionarios de la actual administración federal.

De manera paralela, en esa institución hubo un esquema de saqueo y defraudación que afectó su patrimonio por aproximadamente 15 mil millones de pesos, a través del pago de pensiones fuera de la ley y en el cual participaron ex trabajadores coludidos con coyotes, despachos de abogados, servidores públicos de los tribunales laborales y litigantes del propio Instituto.

Esta red de fraudes por pensiones fue dada a conocer por los reporteros de La Jornada Gustavo Castillo y Ángeles Cruz en diversas notas publicadas en las ediciones del 5 de junio y del 3 y 21 de noviembre del año pasado.

El multimillonario saqueo se dio a conocer ayer durante la “mañanera” como resultado de una investigación a fondo del equipo designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el rescate del Issste, que es encabezado por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Se informó que se detectaron clínicas a las que por 12 años no se les proporcionó equipo básico, como rayos X portátiles, ecocardiógrafos; tampoco instrumental especializado como tomógrafos o electroencefalógrafos, lo que impidió que se atendieran las necesidades de diagnóstico y tratamiento de los derechohabientes en el instituto.

A otras unidades médicas del instituto en el país, durante más de dos décadas no se les dio el mantenimiento mínimo indispensable para funcionar y brindar un servicio de calidad. Faltaban aires acondicionados, impermeabilización y una red sanitaria adecuada, lo que representaba un riesgo para la salud de las personas, agregó la secretaria Rodríguez.

Sobre el ruinoso estado en el que su administración recibió al Issste, el presidente López Obrador refrendó que los gobiernos anteriores “se dedicaron a robar y a saquear” al organismo.

Recalcó que “era la institución de salud más destruida, la pulverizaron: entregaron, subrogaron todos los servicios; no tenía el Issste laboratorios, todavía no tiene en algunos casos, son contratos. Todo contratado, todo, todo, todo, hasta las ambulancias, las camillas, y quienes entregaban esos servicios o prestaban esos servicios, todos vinculados con funcionarios públicos o con traficantes de influencia, una gran corrupción”.

En julio de 2022, el mandatario instruyó a integrantes de su gabinete conformar un equipo para sanear al Issste. Rosa Icela Rodríguez, quien está al frente de esta estrategia, coincidió en que “las anteriores administraciones la dejaron como un cascarón” y ante la “privatización silenciosa” redujo su operatividad al mínimo. El servicio que se daba no era prestado por la institución en su totalidad, sino por empresas particulares a las que se pagaba a precios más altos de lo real, explicó.

Fue en 2007 cuando los propios directivos del Issste comenzaron a aplicar la privatización de los servicios de salud para favorecer a empresas por medio de actos de corrupción.

Cómplices, políticos, burócratas y prestanombres

“Se beneficiaron con contratos por aproximadamente 254 mil millones de pesos en todo el sector salud. De esa cantidad, más de 88 mil millones de pesos correspondieron a pactos celebrados con el Issste. Lo más indignante es que los dueños de las empresas eran funcionarios públicos, políticos y prestanombres”, subrayó.

Pedro Zenteno, actual director general del Issste, dio a conocer que otro de los daños causados a la dependencia es el multimillonario fraude de pensiones.

Se encontraron al menos 100 pensiones “ilegales” vigentes que rebasaban el monto máximo por ley, que es de 31 mil pesos mensuales.

Ejemplificó con cinco casos, en los que se cobraban entre 129 mil y hasta 273 mil pesos, con pensiones otorgadas entre 1995 y 2005 gracias a sentencias de tribunales.

El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla, apuntó que el esquema fraudulento impactó en daños por 15 mil millones de pesos por medio de miles de juicios ante las juntas federales de Conciliación y Arbitraje.

Para ello, despachos de abogados que obtuvieron el padrón de ex trabajadores promovieron juicios para duplicar las pensiones autorizadas ante las juntas federales de Conciliación y Arbitraje. “Los abogados encargados de defender al Issste intencionalmente perdían los juicios. Este esquema se repitió en miles de casos”.

Al momento son 31 las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) de las que se originaron 25 carpetas de investigación. De igual forma se ha judicializado a 22 personas, se obtuvieron ocho vinculaciones a proceso en contra de tres personas entre los cuales un ex funcionario tiene seis vinculaciones a proceso.

Con una estrategia jurídica coordinada se han evitado nuevos fraudes de este tipo, dijo Medina.

Aunque no se revelaron los nombres de los denunciados por estos daños, López Obrador informó que hay dos denuncias en curso ante la FGR en contra de Miguel Ángel Yunes, director del Issste durante el gobierno de Felipe Calderón, “en pago” a Elba Esther Gordillo “por el fraude de 2006”.

El tabasqueño volvió a aludir a la denuncia que en mayo pasado hizo con una carta en redes sociales la propia Gordillo –que eliminó poco después–, pues tras romper con Yunes, la maestra envió un mensaje a Calderón diciendo que los mentores del país se oponían a que siguiera al frente del Instituto y que tomarían las instalaciones, a lo que el ex mandatario le habría contestado: “Ahí la espero con el Ejército”.