Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acumula en sus fideicomisos más dinero del que busca que le asignen como presupuesto para el año próximo. Según los reportes del primer semestre de este año, los seis fideicomisos que maneja el máximo tribunal suman más de 6 mil 241 millones de pesos, lo cual rebasa su petición presupuestal, que es de 6 mil 109.1 millones.

Conforme al reporte financiero del segundo trimestre de este año, el fideicomiso del máximo tribunal que más dinero acumula es el dedicado a pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, que reúne ya 2 mil 972 millones 640 mil 326.59 pesos.

Le siguen el fideicomiso formado por remanentes presupuestales, que tiene mil 386 millones 20 mil 861.57 pesos; y el de pensiones complementarias para mandos superiores, con 832 millones 881 mil 665.60 pesos.

Los otros tres fideicomisos son el fondo nacional para el fortalecimiento y modernización de la impartición de justicia, conocido como fondo Jurica, con 727 millones 411 mil 587 pesos; el conformado por los recursos por la venta de publicaciones, discos compactos y otros proyectos, con 177 millones 831 mil 290.89 pesos, y el plan de prestaciones médicas con 145 millones 66 mil 123.40 pesos.

La SCJN no es el único organismo del PJF que maneja sus propios fideicomisos, pero sólo en su caso los recursos ahí acumula exceden a los de su presupuesto anual.

En el caso del Consejo de la Judicatura Federal sus cuatro fideicomisos suman más de 9 mil 176 millones de pesos y pidió un presupuesto de 74 mil 793.3 millones de pesos para el año próximo.

A su vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un fideicomiso con 15 millones 943 mil 69.49 pesos y estima para 2024 un presupuesto total de 3 mil 890 millones de pesos.

El Poder Judicial argumenta que necesita el aumento en su presupuesto para concretar en el año próximo proyectos que incluyen la instalación de seis centros de justicia penal, crear 22 tribunales laborales federales e implementar los cambios que exige el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.