La elaboración de un censo de personas desaparecidas por parte del Ejecutivo federal fue criticada ayer por activistas de derechos humanos, quienes calificaron la medida como un intento de rasurar, con fines electorales, el número de personas sin localizar.

También denunciaron que sigue pendiente la operación y el adecuado funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses, pese a que ya han transcurrido tres meses de que la Fiscalía General de Justicia (FGR) anunciara que ya estaba listo.

En conferencia de prensa, César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Olimpia Montoya, del Proyecto de Búsqueda Guanajuato; Alicia Franco de Data Cívica, y la experta forense Aurora Pérez Flores, destacaron que el banco todavía no cuenta con las bases genéticas ni de huellas dactilares, tampoco con el registro de fosas clandestinas ni comunes.

Incluso la FGR aceptó en un informe al Comité Contra Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas, que se concluirá entre 2025 y 2026.

Tras hacer un llamado urgente para la adecuada operación del banco, atribuyeron la actual situación a la falta de voluntad política y de responsabilidad para crear ese instrumento.

Al referirse a la renuncia de Karla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda, los activistas estimaron que la dimisión podría deberse a discrepancias sobre la creación del censo de personas desaparecidas anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a que se realice en un contexto electoral.

En rueda de prensa realizada en las instalaciones del CentroProdh, consideraron plausible que al mandatario le preocupe tener datos confiables sobre los desaparecidos “porque eso permitirá que los esfuerzos de búsqueda sean más efectivos”.

Sin embargo, criticaron que la medida no tenga nada qué ver, “pues lo que se hace no es un censo. Si lo fuera irían a preguntar a todos los hogares si tienen personas sin localizar, pero lo que está pasando es que están partiendo del registro existente y yendo a preguntar a familiares de desaparecidos cuál es la actualización de su caso”.

Puntualizaron que se intenta reducir el número de personas sin ubicar con fines electorales, por lo que propusieron que a ese ejercicio mejor se le llame sondeo, porque no es un censo, además de que lo realizan personas que no están capacitadas y se desconoce qué metodología usan.