Washington y Nueva York. Unas tres de cada 10 personas en Estados Unidos son adictas a los opioides, o tienen un familiar que lo es, y menos de la mitad de los adictos logran encontrar tratamiento, algo que en parte explica que el número de muertes por sobredosis de drogas se disparó a 106 mil en 2021, con más de 70 mil de ese total por opioides, principalmente el fentanilo.

¿Son las políticas antinarcóticos del gobierno estadunidense para enfrentar esta crisis las que están contribuyendo al número de muertos y ampliando un mercado ilícito que genera cada vez mayor violencia en Estados Unidos, México y otros países? Esa es la pregunta que hace Ethan Nadelmann, uno de los pioneros en la investigación de políticas antinarcóticos y quien fue estratega de campañas exitosas para despenalizar y legalizar el uso de la mariguana en Estados Unidos con la finalidad de reducir la violencia y la tasa de encarcelación para cientos de miles, particularmente minorías raciales, en este país.

Nadelmann argumenta que ningún otro país tiene una tasa per cápita de sobredosis de fentanilo y otros opioides que remotamente se acerque a la de Estados Unidos. De hecho, una investigación en la publicación médica Annals of Internal Medicine encontró en 2016 que la tasa de muertes por sobredosis de narcóticos era doble a los otros 12 países dentro de la OCDE. En esa investigación, México tenía el número más bajo de muertes por sobredosis de drogas. “El hecho es que, hasta ahora, es un fenómeno estadunidense”, concluye Nadelmann en referencia a la crisis de sobredosis de opioides, aunque señala que eso está cambiando rápidamente en otros países.

Al prepararse el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador y otros líderes mundiales para una cumbre en septiembre enfocada en los fracasos de la llamada “guerra contra las drogas”, La Jornada entrevistó a Nadelmann.

El experto indicó que en Estados Unidos la crisis de opioides sintéticos tiene sus raíces en la práctica impulsada por farmacéuticas para que doctores sobrerrecetaran versiones legales de fentanilo, oxycodone y otros opioides, sobre todo en comunidades pobres, rurales y blancas en el país.

Al estallar la crisis de sobredosis y adicción que resultó, el gobierno federal empezó a presionar a médicos para que limitaran las recetas y la DEA se involucró, mientras gobiernos estatales comenzaron a presentar demandas legales contra algunas de las farmacéuticas que durante años comercializaron estos productos como algo “seguro” y no adictivo, cuando eran todo lo contrario.

“Cuando el gobierno empezó su campaña contra las empresas farmacéuticas, y redujeron dramáticamente las recetas, sólo había unos 20 mil decesos por sobredosis cada año en Estados Unidos”, explica Nadelmann. “Ahora tenemos más de 100 mil y tal vez 10 por ciento tiene que ver con pastillas farmacéuticas”. Ante ello, dice, se tiene que hacer la pregunta provocativa: “imaginen si no se hubiera hecho la campaña contra los opioides farmacéuticos. ¿Cómo estaría la situación ahora?”

Desde esa perspectiva, una estrategia que empleó la fuerza de la seguridad pública primero sólo ayudó a empeorar la crisis. Si Estados Unidos hubiera ofrecido más recursos para tratamiento de adicción y aceptado que parte del fentanilo recetado acabaría en manos de adictos, la tasa de muerte podría no haber escalado tan dramáticamente. Y tiene razón. Muchas de las muertes por sobredosis hoy día, según testimonios de expertos ante el Congreso, son cuentos trágicos de individuos que compran una droga en el mercado ilícito pensando que están adquiriendo algo que conocen, pero resulta que ahora está combinado con una dosis fatal de fentanilo.

La oferta segura debe ser parte de la discusión

El argumento es que individuos pueden ser adictos al fentanilo, pero si las pastillas que compran son de fabricantes legales, el contenido estaría regulado para mantener cierta calidad y dosis, y por ello se evitarían las muertes que resultan del mercado ilícito, donde no hay control sobre el producto. “La oferta segura tiene que ser parte de la discusión”, argumenta Nadelmann, y señala que en Canadá y algunos otros países existen centros autorizados por el gobierno en los cuales los adictos pueden obtener suministro seguro. En gran medida, Estados Unidos se ha negado a autorizar este tipo de servicio.

Nadelmann es cuidadoso en dejar claro que hay causas complejas detrás de la crisis de opioides y no hay una solución única, pero insiste en que un enfoque sobre “reducción de daños” es la mejor manera de abordar el problema. “Si observan lo que están haciendo ahora en Columbia Británica, Canadá, aquello de suministro seguro, lo cual se trata de que si aceptas que si tienes a alguien consiguiendo drogas en el mercado negro y que lo harán sin importar qué les dices, es mejor que las obtengan de un suministro legal como es el caso de los programas de mantenimiento de heroína que abrieron en Europa”. Informa que estos programas que empezaron en Suiza hace 30 años ahora operan en otros seis países.

Pero no en Estados Unidos, donde demonizar a los usuarios adictos y hablar de medidas severas de aplicación de fuerza pública son puntos mucho más cómodos para los políticos; pero, como subraya Nadelmann, los esfuerzos actuales no están funcionando y la tasa de mortandad sigue creciendo.

Comercio legal de cannabis, gran fuente de ingresos

Fue en los años 90 que el abogado y politólogo educado en Harvard, como director del Drug Policy Alliance, desarrolló estrategias para impulsar campañas estatales que resultarían primero en la legalización de la mariguana para usos médicos y después para uso recreativo en Colorado y el estado de Washington. Hoy día, el uso recreativo de cannabis es legal en 23 de los 50 estados y los impuestos a ese comercio legal ahora son fuente mayor de ingreso para gobiernos estatales y municipales. A la vez, se ha reformado y reducido el encarcelamiento de usuarios por uso de mariguana.

Bajo el gobierno de Barack Obama, como resultado de la presión política generada por estas campañas estatales, se tomó la decisión de no intervenir, a pesar de que bajo la ley federal, la cannabis es ilegal.

También hubo un logro a nivel internacional, por lo menos en la retórica, donde altos funcionarios en Washington se atrevieron a reconocer que décadas de la “guerra contra las dogas” con un enfoque militar en América Latina no estaba funcionando, y que los pueblos de la región la estaban rechazando.

América Latina, dice Nadelmann, está encabezando el camino hacia una nueva política. Resaltó el trabajo de altos funcionarios del gobierno colombiano que están impulsando lo que calificó de “una de las mejores iniciativas de reducción de daño y reforma de políticas de drogas en el mundo”, celebrando que “están abordado toda la gama de temas, desde operar el primer sitio seguro de consumo de drogas en Sudamérica, a pensamiento avanzado sobre sicodélicos e incorporando valientemente los temas de reducción de daño de tabaco y nicotina. Están ofreciendo liderazgo no sólo en América Latina, sino a nivel global”.